Pío se declaró en ceros ante el SAT entre 2014 y 2018 mientras recibía sobres con dinero

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Entre 2014 y 2018, periodo durante el cual fue grabado en videos mientras recibía sobres con dinero en efectivo para apoyar al “movimiento”, Pío Lorenzo López Obrador, hermano de Andrés Manuel López Obrador y entonces consejero estatal de Morena en Chiapas, presentó una sola declaración anual de impuestos, en la cual se reportó “en ceros”, es decir, que “no obtuvo recursos que manifestar”.

Este dato, planteado por la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) en el acuerdo de 247 cuartillas con el que determinó la falta de pruebas para incriminar al hermano de López Obrador, está reforzado por el hecho de que “esa declaración es la única que existe en la base de datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que significa que no obtuvo ingresos superiores a los 400 mil pesos en los ejercicios subsecuentes”.

En 2015, año en que recibió los sobres de dinero de David León Romero, entonces “consultor” y allegado del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, Pío López Obrador tenía cinco cuentas bancarias a su nombre; de éstas, cuatro no reportaron movimientos bancarios y una, en Santander, no tuvo estados de cuenta, según determinó el INE con base en información que le envió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En otras palabras: en estos años Pío López Obrador no reportó ni ingresos ni movimientos bancarios; en 2020 fue exhibido por Latinus en los videos que lo mostraban en reuniones con David León, hablando del dinero que estaba recibiendo.

Y no sólo esto. Cuestionado por el INE en 2020 sobre el contenido del video, el hermano de Andrés Manuel López Obrador negó todo en bloque. Aseveró, entre otras cosas, que “no recibí dinero del C. David Eduardo León Romero para apoyar al partido Morena”, y en varias ocasiones sostuvo que “no entregué recurso alguno al partido Morena”.

Respecto a la “biblia”, una libreta a la que se hace referencia en los videos, en la cual se anotan las supuestas aportaciones, López Obrador dijo que “ese artículo era una posesión mía hace muchos años, pero lo extravié”, razón por la cual –dijo–, no podía entregársela al INE.

El mismo Pío López Obrador se contradijo menos de dos años después, en julio de 2022, cuando aseveró, en entrevista con el medio Expansión Política, que los recursos recibidos “fueron para apoyar al movimiento con el tema de gastos menores como gasolina, por ejemplo, ello con la finalidad de organizar a la gente que quería un cambio verdadero en el país”.

En esta entrevista Pío López Obrador reconoció que sí recibió los recursos y que los entregó a Morena, por lo que el INE le pidió “esclarecer” sus declaraciones mediante un requerimiento. El político optó por el silencio: “Se negó a responder la solicitud de información formulada, alegando en su defensa (...) su derecho a la no autoincriminación, sin dejar de referir que su silencio no podrá ser utilizado –por esta autoridad– como un indicio de responsabilidad”.

Tras el escándalo de los videos, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación, mientras que el PAN y el PRD presentaron denuncias ante el INE por el supuesto financiamiento ilícito de Morena. La FGR dio carpetazo al caso, bajo el pretexto de que los videos habían sido alterados “como resultado de un proceso de postproducción”, y que no era posible “determinar la fuente de origen, las fechas así como los lugares donde se realizaron las grabaciones”, por lo que determinó el no ejercicio de la acción penal.

El INE continuó su investigación y enfrentó varios obstáculos. Tuvo, por ejemplo, que batallar en tribunales hasta acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para obligar a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FEPADE) –entonces a cargo de José Agustín Ortiz Pinchetti– a entregarle una copia de su carpeta de investigación.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por su parte, se negó en varias ocasiones a entregar al INE documentos relativos a la demanda que Pío López Obrador presentó contra Carlos Loret Mola por exhibir los videos en su programa de Latinus.

Según el expediente del acuerdo, la investigación del INE se limitó a hacer preguntas a las partes señaladas –Morena, López Obrador y León– y a solicitar información financiera a las autoridades para determinar si el dinero en efectivo terminó o no en Morena –o en el “movimiento”, como lo confesaron Andrés Manuel López Obrador, su hermano y David León–, lo cual representaría un delito electoral.

Evidentemente, los acusados negaron todas las acusaciones y no hubo manera de observar, en el sistema financiero, si el dinero en efectivo fue utilizado por Morena. En su respuesta a los requerimientos del INE, Morena tachó la acusación de “frivolidad”, alegó la prescripción de los delitos y negó “rotunda y categóricamente los hechos”, con el argumento de que “respecto a los videos no se conoce el contexto y circunstancias de los hechos”.

Hasta que el Consejo General determinó declarar infundado el procedimiento administrativo sancionador electoral contra Morena, López Obrador y León Romero. Y ello a pesar de que la Unidad de Fiscalización sostuvo en el punto de acuerdo que, dados los elementos del video, “se podría tratar de un sistema paralelo de financiamiento”.

Durante la sesión, varios consejeros lamentaron que la FGR no haya recabado más pruebas, y sostuvieron que el INE tiene limitaciones para investigar. “Los hechos conocidos no son considerados pruebas jurídicas”, deploró el consejero Jaime Rivera.  

Con información de Proceso