CEDH y Consejo General de CESP proponen agenda “poscrisis” de inseguridad para Sinaloa

CULIACÁN, Sin., (apro) .- En casi un año de violencia por la lucha interna del Cártel de Sinaloa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), proponen una agenda “poscrisis” de inseguridad para Sinaloa. 

De acuerdo con cifras presentadas por el CESP, entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, los delitos de alto impacto se dispararon a niveles en extremo elevados, como el homicidio doloso, con un promedio de siete casos cada 24 horas cuando la media era apenas de 1.5 diarios. 

Al respecto, el titular de la Coordinación General del CESP, Miguel Calderón, señaló que estas cifras deben servir para construir una agenda para atender esta crisis, una vez terminada. 

“Por ejemplo, sugerimos catalizar todos estos lamentables acontecimientos y sus dolorosas emociones, honrando a las víctimas con el repudio a toda acción violenta de nuestro entorno, asignando un presupuesto gubernamental de 2026 con esta perspectiva que fortalezca a nuestras policías y a la Fiscalía”. 

Por otra parte, la CEDH ha advertido que otros delitos con alta incidencia son las desapariciones forzadas, con casos cerca de mil 907, reconocidas oficialmente, aunque los colectivos de familiares aseguran que la cifra real rebasa las 2 mil 800. 

Al respecto, el presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, advirtió que la violencia ha golpeado a los sectores más vulnerables, entre ellos, niños, mujeres y periodistas. 

Explicó que se tiene registro de 50 menores asesinados, así como 76 feminicidios como víctimas de la violencia, y 64 agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. 

“Hay algunas lecciones que nos dan esta coyuntura que tenemos que tomar en cuenta: es una tarea de todos y de todas, trabajar por regresar a la normalidad en la que vivíamos por lo menos del 8 de septiembre del año pasado hacia atrás (…) una segunda, cómo nos situamos en medio de lo que estamos viviendo y decir: ‘esto es lo que tenemos que hacer’, asumamos que han pasado cosas que nos hablan de las tareas en común”, dijo Loza Ochoa. 

La inseguridad despegó en Sinaloa después del 25 de julio de 2024, con la captura de Ismael “El Mayo” Ismael Zambada García, que ha enfrentado a la facción comandada por su hijo, Ismael Zambada Sicairos “El Mayito Flaco” y los hijos del “Chapo” Guzmán, Los Chapitos. 

El próximo 9 de septiembre se cumplirá un año de los primeros choques armados entre ambas facciones, que mantienen sobre todo en Culiacán, aunque se ha extendido a zonas rurales del centro y del sur de Sinaloa. 

 

 

Con información de: Proceso.

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La medida busca congelar la realización de trámites, evitar la suplantación de identidad por parte de terceros e informar a la Comisión Nacional de Búsqueda ante cualquier movimiento administrativo del ciudadano no localizado.

Al tratarse de una base de datos de competencia federal, la restricción opera en todo el territorio nacional ante dependencias gubernamentales e instituciones financieras.

Si la persona es localizada, deben acudir a reactivar el estatus de su familiar y destrabar trámites pendientes.

Pero, el problema es que mientras el gobierno insiste en presumir baja en homicidios dolosos, en contraste está el incremento de las fichas de investigación por desaparición, el padrón de ausentes sigue aumentando, que no logran mitigar en los discursos.

Colocar la leyenda de desaparecidos en la CURP no resuelve la búsqueda.

 


En Morena aun no se definen, en el PAN ya tienen "candidato" 

Rumbo a la gubernatura en Chihuahua, en Morena, sigue sin definirse quién encabezará el proyecto en la entidad entre la senadora Andrea Chávez y el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, dos figuras clave en el estado.

Mientras que en Acción Nacional parece encaminarse hacia la unidad con Marco Bonilla, quien en su informe registró un notable respaldo por parte de la estructura y figuras del panismo estatal.

En ambos institutos políticos andan en precampaña abierta y estructuras en el territorio, lo que pone bajo cuestionamientos el papel de las autoridades electorales locales ante el adelanto proselitista de los aspirantes.

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