La denuncia contra Nicolás Maduro que la FGR no quiere investigar
Una denuncia de hechos de carácter penal, presentada hace más de un año ante la Fiscalía General de la República (FGR), por un caso de corrupción y de probable lavado de dinero que involucra al chavista Nicolás Maduro y a su testaferro Alex Saab (actual ministro de Industria y Producción de Venezuela) permanece, hasta hoy, sin respuesta. Autores de la demanda, desconocida públicamente hasta ahora y a la cual Proceso tuvo acceso, denuncian que la institución ministerial a cargo de Alejandro Gertz Manero no ha ofrecido explicación alguna de su inacción y que la falta de una respuesta viola el artículo octavo constitucional.
En abril de 2024 organizaciones civiles venezolanas acudieron a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de la FGR para solicitar una investigación sobre el uso de dinero público venezolano en la compra en México de alimentos con sobreprecios.
Los productos, que además eran de baja calidad y en algunos casos estaban en mal estado, fueron destinados al programa CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), lanzado en 2016 por Maduro para atender la crisis alimentaria en Venezuela.
La denuncia, firmada por la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, y por el representante de la ONG Provea, Óscar Murillo, calcula que el monto defraudado asciende, al menos, a 140 millones de dólares, una cifra conservadora si se compara con una investigación de diputados opositores venezolanos de 2020 que calcula los sobreprecios en más de 300 millones de dólares.
El expediente entregado a la Fiscalía anticorrupción de la FGR (que incluye soporte documental como facturas y estudios de la calidad de alimentos, así como referencias a investigaciones independientes) señala a Alex Saab como un operador financiero de Maduro que actuó en México en complicidad con empresarios locales y con fondos provenientes de las arcas públicas venezolanas.
“Eso es lo que debe investigar la Fiscalía mexicana”, dice a esta revista Mercedes de Freitas, quien lamenta la falta de respuesta de la FGR. De Freitas, acompañada de varios abogados mexicanos de la Fundación para la Justicia, entregó personalmente la demanda a la fiscal anticorrupción de la FGR, María de la Luz Mijangos Borja, el 18 de abril de 2024. Recuerda que fue cordial la reunión en el despacho de la funcionaria ministerial.
Pero un año y cuatro meses después nada ha pasado. “Para nosotros eso está parado y no hay interés en investigar esos hechos de corrupción”, asegura la directora de Transparencia Venezuela y dice que, después de presentar la denuncia, la FGR “no nos da ningún tipo de información”.
De acuerdo con la demanda, Alex Saab, un hábil empresario nacido hace 53 años en Barranquilla, Colombia, “habría estado involucrado en otro tipo de operaciones presuntamente ilícitas, que además incluyen al presidente venezolano, Nicolás Maduro”.
El escrito de 23 páginas no acusa directamente ni a Maduro ni a Saab de delitos específicos, sino que se limita a describir “hechos de los cuales se pueden derivar conductas criminales y presuntos responsables”.
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Fragmento del reportaje publicado en la edición 27 de la revista Proceso, correspondiente a septiembre de 2025.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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