Vinculan a proceso al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y 9 marinos por huachicol fiscal
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal vinculó a proceso al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y nueve marinos y funcionarios aduaneros más por supuestamente participar en huachicol fiscal.
Mario Martínez Elizondo, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez dictó la vinculación a proceso por delincuencia organizada, con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
Asimismo, les ratificó la medida de prisión preventiva oficiosa y concedió a las partes 6 meses para la investigación complementaria.
Los procesados son, además de Farías Laguna; los capitanes de navío Humberto Enrique “L”, exdirector de Supervisión de Aduanas Marítimas y Clímaco “A”, adscrito a la Décima Región Naval en Salina Cruz, Oaxaca.
Los capitanes de Fragata Sergio “V”, exsubdirector de Vigilancia y Control de la Aduana Marítima de Tampico; Carlos de Jesús “E”, exsubdirector de Operación de dicha aduana y Fernando Ernesto “M”, exsubadministrador de la Aduana de Altamira.
Asimismo, a Endira Xóchitl “P”, exjefa de departamento de Recintos Fiscales en la aduana de Altamira; Anatalia Jocelyn “G”, Ismael “R” y Perla Elizabeth “C”, todos enlaces y verificadores de mercancías en la aduana de Tampico.
Perla Elizabeth “C” no estará en prisión por el momento sino en arraigo domiciliario con uso de brazalete electrónico en Tampico porque tiene 12 semanas de embarazo.
Durante la audiencia inicial, que concluyó esta madrugada, los marinos y funcionarios aduaneros fueron señalados por la Fiscalía General por supuestamente participar, en los últimos dos años, en el desembarque de 31 buques con huachicol fiscal en las aduanas de Altamira y Tampico.
“Se advierte la existencia de una organización delictiva integrada por personas de la Marina, funcionarios, agentes aduanales y empresarios", dijo el juez.
"No comparto la opinión de que tiene que acreditarse que todos y cada uno de los buques descargaron hidrocarburos ilegales, sino si existe o no un grupo delictivo. Los datos de prueba permiten suponer que probablemente se cometieron las conductas imputadas".
De acuerdo con la FGR los barcos llegaban a las aduanas 289 y 290 operadas por las empresas cesionarias Tampico Terminal Marítima y Administración de Servicios Comunes Portuarios en el municipio de Tampico.
Uno de los barcos fue el Challenge Procyon, en el que a inicios de este año fueron asegurados 10 millones de litros de hidrocarburos importados por Intanza.
La FGR indicó que seis de ellos supuestamente tenían funciones de jefes de la organización criminal, sin embargo, el juez redujo este número a tres quedando en esta categoría los dos sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda y el capitán Miguel Ángel Solano Ruiz, identificado como operador de los mandos de la Armada. De los tres sólo el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna está detenido.
Todos los imputados varones permanecerán en el penal federal del Altiplano mientras que dos de las tres mujeres detenidas por este caso y ahora vinculadas a proceso continuarán en el penal Femenil de Morelos.
Al escuchar esta determinación el capitán Humberto Enrique “L” informó al juez que desde que ingresaron al Altiplano y los internos se enteraron que son miembros de la Armada, los 7 procesados recibieron amenazas.
Por ello, le solicitó autorizar el traslado de todo el grupo a una prisión militar, pero el juez rechazó la petición porque, antes de valorarla, debía analizar si una prisión de este tipo reúne las condiciones necesarias para el desarrollo del proceso.
Con la afirmación del capitán el juez le dio vista a la FGR para que investigue los actos de intimidación contra los marinos dentro del penal.
Esta semana el juez también resolverá la situación jurídica de Francisco Javier Antonio Martínez, exgerente de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Tampico, quien fue detenido junto con el resto del grupo.
Con información de Proceso.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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