Asignan a ministra Herrerías análisis sobre prisión preventiva oficiosa; ministro Figueroa resolverá contradicción con TEPJF acerca de sobrerrepresentación
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) continúa con la reasignación de asuntos que quedaron pendientes de resolver por los ministros que dejaron el cargo el pasado 31 de agosto.
Uno de ellos es la acción de inconstitucionalidad 49/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que se cuestionó la convencionalidad de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ahora asignada a la ministra Sara Irene Herrerías Guerra.
El asunto se encontraba en la ponencia de la hoy ministra en retiro Margarita Ríos Farjat, quien presentó un proyecto de resolución en el que propuso eliminar el carácter de automático de la prisión preventiva y sea un juez el que analice imponer dicha medida.
El proyecto de Ríos Farjat apareció en las últimas listas de asuntos que serían analizados por la anterior integración de la Corte, incluso la ministra Ríos Farjat solicitó darle prioridad para su resolución antes del 31 de agosto. Sin embargo, dicha propuesta no prosperó y el asunto quedó en manos de los nuevos ministros.
Ahora, corresponderá a la ministra Herrerías Guerra presentar un proyecto para el asunto.
Además del proyecto de Ríos Farjat, también existía sobre prisión preventiva oficiosa el que presentó el hoy ministro en retiro Jorge Pardo Rebolledo, que resolvía el Expediente sobre recepción de sentencias de tribunales internacionales 3/2023. En ese, también se propuso eliminar el carácter de automático de la prisión preventiva luego de que México fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Este asunto aún no ha sido asignado a otro de los nuevos integrantes del máximo tribunal.
Por otra parte, la contradicción de criterios denunciada por el Partido Acción Nacional sobre dos sentencias emitidas por la SCJN y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acerca de la sobrerrepresentación en el Congreso fue asignado a la ponencia del ministro Giovanni Figueroa Mejía.
El asunto fue presentado por el partido blanquiazul luego de la derrota en las elecciones federales del año pasado y ante los cómputos que anticipaban que Morena y sus aliados tendrían mayoría calificada en el Congreso. La denuncia fue turnada al hoy ministro en retiro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
A días de que el TEPJF asignara de manera definitiva los escaños plurinominales del Congreso, el ministro González Alcántara Carrancá explicó en sesión del 27 de agosto del año pasado que la resolución del asunto no detendría la supermayoría morenista, pues la contradicción de criterios no tiene efectos retroactivos.
"Me gustaría informar que me tomaré el tiempo debido para proponer un proyecto a este Tribunal pleno, pero que éste no podrá tener por efecto reemplazar las decisiones de la Sala Superior del TEPJF", señaló el entonces ministro.
Con información de Latinus
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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