Anuar González Hemadi, de amparar a uno de “Los Porkys” a defender empresa vinculada al huachicol
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el año 2017, Anuar González Hemadi, entonces juez Tercero de Distrito en el estado de Veracruz, fue duramente criticado en redes sociales por los argumentos que utilizó para amparar a Diego Cruz, uno de los jóvenes implicados en el caso de “Los Porkys” de Costa de Oro. Hoy, de nueva cuenta, su nombre está en el ojo público por su probable participación en una organización dedicada al huachicol fiscal.
El pasado 7 de septiembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, mencionó al exjuzgador como uno de los 14 detenidos por el caso de huachicol fiscal que implica a elementos de la Secretaría de Marina y de Aduanas.
A partir de ese momento se confirmó que desde el 7 de noviembre de 2023 el exjuzgador era representante legal de la empresa Mefra Fletes, dedicada al transporte de diésel o gasolina.
Ese mismo año, González Hemadi mantenía pendiente el litigio que inició contra el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por su destitución derivada del caso de “Los Porkys”.
Para febrero del año 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la resolución del Consejo, misma que fue emitida por razones distintas a las del asunto de los jóvenes acusados de abusar sexualmente de una menor de edad en Veracruz.
La destitución
En marzo del año 2017, González Hemadi ordenó la liberación de Diego Cruz al considerar que no existían elementos que acrediten que el joven cometió pederastia en agravio de una adolescente.
Según la sentencia emitida en el expediente de amparo 159/2027, el entonces juez de Distrito indicó que la narración de hechos que hizo la víctima en la averiguación previa no brindaba la certeza de que Diego tuviera una intención “lasciva” al momento de tocar sus senos como para acreditar que hubo un abuso sexual.
Pese a que la víctima, de entonces 17 años, fue subida a un automóvil al salir de un bar con sus amigas y los cuatro jóvenes conocidos como “Los Porkys” de Costa de Oro abusaron de ella, González Hemadi concluyó que no se acreditó el estado de indefensión de la joven como para dictar auto de formal prisión en contra de Diego Cruz.
“Cuando el activo le jalaba la blusa y tocaba sus senos, riendo y burlándose, ella les pedía que la dejaran, que no la lastimaran, por lo que le dijeron que para que dejaran de molestarla se pasara a la parte delantera del vehículo, lo que de hecho sucedió puesto que la misma refiere que incluso creyó que tal proceder era con el objeto de defenderla”, citó el exjuez en su sentencia.
“Es claro que al haberse cambiado de la parte trasera en que se encontraba sentada entre el quejoso (Diego Cruz) y diverso inculpado a la parte delantera, la misma no se encontraba en estado de indefensión puesto que tuvo la posibilidad de cambiarse de lugar evitando así el contacto físico con el quejoso”.
Estas argumentaciones le valieron al juez la suspensión de su cargo para que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investigue si fue sobornado para pronunciarse a favor de Diego Cruz o tenía algún conflicto de intereses no declarado.
En febrero de 2019, segundo mes de la administración del ahora ministro en retiro, Arturo Zaldívar, el CJF informó que destituyó a González Hemadi por “corrupción y por actuar en contra de constancias y cometer errores inexclusables” en el caso de Diego Cruz.
Sin embargo, de acuerdo con el expediente al que Proceso tuvo acceso, las verdaderas razones de su destitución fue que tuvo errores en la presentación de su declaración patrimonial sobre el origen de 334 mil pesos, que resolvió un juicio en el que estaba impedido (que no era el de Diego Cruz) y que mostró descuido en el desempeño de todas sus funciones.
Al llevar el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el exjuez indicó que los depósitos en efectivo por 334 mil pesos se trataban de préstamos a sus familiares, quienes le fueron pagando poco a poco ese dinero y que no existen indicios de que ese dinero esté vinculada a otra actividad no reportada al CJF.
La investigación del CJF debía ser de carácter administrativo, es decir, el fondo de la resolución de Diego Cruz no podía ser revisada a menos que en el expediente hubieran desaparecido pruebas, tuviera firmas que no coincidan u otras irregularidades.
Sin embargo, el CJF sí analizó la sentencia y afirmó que la lascividad alegada por González Hemadi no forma parte del delito de pederastia y que no era opinable o debatible la necesidad de confirmar el auto de formal prisión al joven.
Por ello, el exjuzgador pidió a la Corte revocar la resolución de la CJF al considerar que incurrió en diversas inconsistencias para destituirlo.
En febrero de 2024, luego de ser designado representante legal de Mefra Fletes, la Corte confirmó su destitución.
Mefra Fletes
El 25 de enero de este año, Anuar González Hemadi fue designado administrador único de Mefra Fletes con poder “amplísimo de actos de administración y dominio”.
De acuerdo con la carpeta de investigación en su contra y de otras personas más, el 29 de marzo de 2025 el nombre de la empresa surgió en una denuncia presentada por Juan Alberto Soto Jiménez, representante legal de Petróleos Mexicanos (Pemex) por posesión y almacenamiento ilícito de hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos.
En los registros de la Fiscalía General de la República (FGR), durante la ejecución de una orden de cateo el 27 de marzo de este año en un inmueble ubicado en la colonia El Sauzal fueron decomisados 8 mil 892 001 litros de diésel automotriz y 3 mil 500 litros de Urea, cuyo origen se presume ilícito, así como diversos vehículos de transporte entre los que se encontraban 8 tractocamiones y 24 pipas rotulados con la leyenda Mefra Fletes.
En la orden de aprehensión emitida contra el exjuez González Hemadi, la FGR sólo lo señaló por ser representante legal de Mefra Fletes y socio de Brenda Gabriela Salas Ramírez, Gustavo de Jesús Guillén Chávez, José Isabel Murguía Santiago, José René Tijerina Mendoza y Roberto Blanco Cantú, dueños de la empresa, quienes según lo indicó el juez, han intentado evadir la justicia.
“Anuar González Hemadi era juez de Distrito, lo que hace más fuerte ese señalado peligro de obstaculización y filtración de información, al llamarse por una diferente vía, aunado a que el delito de hidrocarburos cuenta con una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, así como la pena a imponerse en su caso”, argumentó el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Ensenada, Baja California, Sergio Adolfo Peniche Quintal.
Debido a que para cuando el juez Peniche Quintal libró el mandamiento de captura, Anuar González Hemadi ya se encontraba vinculado a proceso en otra causa penal por robo de hidrocarburos y preso en el penal federal del Altiplano, ordenó ejecutar la determinación por este caso en dicho centro de reclusión.
Con información de: Proceso.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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