Ordenan captura de El Señor de los Buques, operador clave en la trama del huachicol fiscal
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de aprehensión contra el empresario regiomontano Roberto Blanco Cantú, alias El Señor de los Buques, por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos que operó desde puertos mexicanos hacia entidades del país, como Tamaulipas, Sonora y Baja California.
Fuentes federales confirmaron a Proceso que la FGR busca a Cantú para presentarlo ante un juez federal por delitos relacionados con la posesión, transporte y almacenamiento ilícito de combustible, así como asociación delictuosa.
La investigación lo vincula directamente con el Challenge Procyon, uno de los episodios más reveladores en la investigación contra Blanco Cantú, que ocurrió en marzo último, cuando el citado contenedor, procedente de Texas, atracó en el puerto de Altamira, Tamaulipas, descargando más de 10 millones de litros de diésel bajo documentación falsa que lo clasificaba como “aditivos para lubricantes”.
La embarcación estaba vinculada a la empresa regiomontana Intanza, relacionada con Blanco Cantú y sus socios, quienes operaban una red de importación fraudulenta desde Estados Unidos. El decomiso fue calificado por el gobierno de Claudia Sheinbaum como “histórico” y derivó en una serie de operativos que revelaron una estructura paralela de tráfico de combustible entre agentes aduanales, políticos, empresas de seguridad privada, mandos navales, empresarios y redes criminales, como lo documentó Proceso en su edición impresa de junio.
Según fuentes de la FGR, el desembarque del Challenge Procyon fue protegido por funcionarios de la Secretaría de Marina asignados a las aduanas de Altamira y Tampico, entre ellos los hermanos de origen sonorense Roberto y Fernando Farías Laguna, mandos marinos que facilitaron el ingreso de al menos 31 buques bajo esta modalidad ilegal.
La documentación presentada por Intanza fue completamente falsificada, y el combustible fue distribuido por tractocamiones rotulados con marcas como Mefra Fletes, propiedad de Cantú. Este incidente consolidaría su perfil como un operador clave en la trama del huachicol marítimo con combustible proveniente de Estados Unidos, un delito sobre el cual el Departamento de Justicia de EU, el FBI y el Tesoro estadunidense han puesto atención en meses recientes vinculándolo a una rama más del Cártel Jalisco Nueva Generación, como un intento sofisticado de expandir sus operaciones millonarias hacia el Caribe y América Central.
Blanco Cantú operaba a través de empresas como Mefra Fletes, SA de CV, Auto Líneas Roca y Petro Express, que carecían de permisos para importar hidrocarburos. Estas compañías compartían domicilios fiscales y representantes legales con otras entidades fantasma, lo que sugiere la existencia de una red diseñada para el desvío sistemático de combustible con impunidad.
En Sonora una operación similar transcurrió de manera paralela a los hechos de Altamira con el buque Torm Agnes en la Asipona de Guaymas, cuyas instalaciones son vigiladas por la empresa privada SEICSA, contratada por la Secretaría de Marina (Semar) mediante un contrato multianual de 65 millones de pesos para custodiar el puerto.
El contedor danés, proveniente del puerto de Houston, Texas, descargó el 20 de marzo de 2025 más de 2 millones 226 mil litros de diésel en el muelle 5 del puerto de Guaymas, Sonora. La operación se realizó bajo documentación falsa que lo clasificaba como “fluidos combustóleos”, sin declarar el verdadero contenido como hidrocarburo.
Previamente embarcó en el muelle 16 de la Refinería de Houston City, administrado por la empresa Valero Energy Corp., cuyo arribo fue procesado por la agencia de aduanas y fronteras CBP (siglas en inglés), según constata el registro de buques en comercio exterior, correspondiente a despachos, con folio CF1401, publicado el 25 de enero.
Lo más grave del episodio en Guaymas, como documentó Proceso, es que la descarga ocurrió cuatro días antes de la fecha oficial registrada, lo que sugiere una maniobra deliberada para evadir controles.
La Asipona de Guaymas, bajo control de la Secretaría de Marina, inicialmente negó tener registros del buque, pero documentos obtenidos vía transparencia por Proceso confirmaron la operación, así como la nula puesta en marcha del Sistema de Puerto Inteligente, un mecanismo preventivo diseñado para reforzar el seguimiento a llegadas, desembarques y partidas de buques contenedores.
A pesar de la presencia de SEICSA, el contrabando no fue detectado ni impedido, lo que ha encendido alertas sobre posibles omisiones y complicidades dentro del aparato de la Marina.
SEICSA es propiedad del cónsul honorario de Nicaragua en México: Elías Gerardo Valdés Cabrera, quien ha recibido más de 3 mil 900 millones de pesos en contratos federales desde el sexenio pasado.
Proceso buscó a este personaje el mes de mayo para obtener su postura sobre estos hechos, sin resultados.
Una trama amplia
La orden de aprehensión de Blanco Cantú se suma a la lista de al menos 14 personas detenidas por este caso, entre ellas empresarios, operadores financieros y marinos en activo. La FGR estima que los delitos podrían alcanzar penas de hasta 17 años de prisión.
La eventual captura de Blanco Cantú podría abrir una nueva fase en la investigación de la FGR y la Secretaría de Seguridad federal sobre el llamado huachicol marítimo transnacional, una modalidad que había operado hasta 2025 bajo la sombra de la vigilancia oficial desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien otorgó el control de los puertos mexicanos a la Marina en la primavera del año 2022.
Esta trama de corrupción se extendía por al menos 15 estados, con epicentros logísticos en puertos controlados por la Secretaría de Marina. El combustible ingresaba desde Estados Unidos y era distribuido por tractocamiones rotulados con marcas no acreditadas, sin que las autoridades aduaneras o portuarias intervinieran.
Con información de: Proceso.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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