Más del 80% del presupuesto solicitado por Norma Piña será para salarios e indemnizaciones
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ministra presidenta en retiro, Norma Lucía Piña Hernández, solicitó a la Cámara de Diputados asignar 85 mil 960 millones 228 mil 646 pesos de presupuesto para el año 2026 al Poder Judicial de la Federación (PJF), de los cuales, más del 80% servirá para pagar los salarios e indemnizaciones de quienes, por la reforma judicial, tuvieron que abandonar la institución.
El monto supera por 14 mil millones 976 mil 622 mil 344 pesos al que el PJF recibió este 2025 que fue de 70 mil 983 millones 606 mil 302 pesos.
En su exposición de motivos la ministra en retiro Piña Hernández afirmó que para su integración el anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó en consideración que a partir del 1 de septiembre el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Máximo Tribunal transferirán varias de sus oficinas al nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ) y el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
Esto, debido a que ambos cuerpos colegiados no sólo sustituirán al CJF en sus funciones administrativas y de vigilancia y disciplina sino que adoptarán dichas tareas que, hasta el 31 de agosto controlaba la SCJN respecto de sus propios recursos humanos, financieros y materiales.
Por ello, a diferencia del ejercicio 2025 en el que el presupuesto del PJF se repartió entre tres áreas: Corte, Consejo y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para el año 2026 se prevé que los más de 85 mil pesos sean repartidos entre cuatro áreas incluyendo al OAJ y al TDJ.
En la petición de presupuesto el PJF detalló que la Corte recibiría 5 mil 869 millones 743 mil 404 pesos; el OAJ, 74 mil 224 millones 414 mil 696 pesos; el TDJ, mil 856 millones 577 mil 669 pesos y el TEPJF, 4 mil 9 millones 492 mil 877 pesos.
Esto implica que los dos órganos que sustituirán al CJF, que para este 2025 recibió 62 mil 25 millones 503 mil 862 pesos, costarán 14 mil 55 millones 488 mil 503 pesos más caros, casi el total de la cantidad extra que el Poder Judicial solicitó para el próximo año.
La Corte consideró que, al transferir sus áreas administrativas, de vigilancia y disciplina al OAJ y al TDJ, el 83.5% del presupuesto será destinado a pagar los salarios de sus funcionarios así como a cubrir las indemnizaciones contenidas en la reforma judicial para el personal jursidiccional, como los ministros, que tuvo que renunciar para dar paso a los nuevos servidores públicos.
Asimismo, prevé que el propio OAJ destine 64 mil 831 millones 300 mil pesos para pagar los salarios del resto del personal del PJF, prácticamente 50 mil trabajadores.
Seguros médicos y de separación
En el proyecto que discutirá la Cámara de Diputados, la anterior Corte no incluyó el ajuste salarial para eliminar los seguros de separación individualizada y de gastos médicos mayores que recibían altos mandos y mandos medios del PJF.
Sin embargo, la semana pasada el OAJ dio a conocer que ya ajustó el tabulador de sueldos para la eliminación de estos conceptos y para que nadie en el Poder Judicial gane más que la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que se prevé que la Cámara de Diputados reduzca el monto solicitado por Piña Hernández para aplicar ese ajuste.
Con información de: Proceso.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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