Senado corrige en 24 horas su error en reforma constitucional de la Guardia Nacional

El Senado aprobó de manera acelerada una iniciativa para que esa Cámara tenga la facultad de validar los ascensos de los cargos de la Guardia Nacional, como ocurre con las otras corporaciones de las Fuerzas Armadas: Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Esa modificación ya había sido realizada en septiembre de 2024 por el Congreso, cuando formalizó la militarización de la corporación; sin embargo, por un error, los legisladores dejaron fuera ese cambio.

 

El proyecto de decreto fue aprobado con 73 votos a favor de Morena, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, y 23 en contra del PAN y el PRI, además de dos abstenciones.

 

“Lo importante es enmendarlo”

En la presentación de la iniciativa ante el pleno, el morenista Óscar Cantón Zetina, reconoció que se trató de un error que tuvieron que resolver con premura.

“Lo que se propone es reincorporar al texto constitucional lo que ya estaba hasta el año pasado, pero que por un error de técnica legislativa se suprimió. Hay que reconocer cuando se ha cometido un error, lo importante es enmendarlo”, dijo el senador por Tabasco.

El legislador explicó que las prisas obedecen a que en noviembre se van a dar a conocer próximos ascensos, pero se empiezan a procesar desde septiembre, debido que al tratarse de una reforma constitucional, tiene que ser avalada después por más de la mitad de los 32 congresos estatales.

 

Oposición critica las prisas con las que se hicieron los cambios 

Integrantes de la oposición criticaron las prisas con las que el Congreso ha realizado su tarea desde el inicio de la Legislatura, principalmente con la aprobación de las iniciativas englobadas en el llamado Plan C.

 

En el posicionamiento de Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra Barrales informó del respaldo de ese grupo a la reforma, pero advirtió sobre la gravedad del error, que como había quedado, daba vía libre al Poder Ejecutivo para determinar los ascensos de mandos de la Guardia Nacional sin tener que ser ratificados por otro poder.

“No queremos ser malpensados, no queremos pensar que esto se dejó fuera para llevar adelante nombramientos y, una vez dados los nombramientos pues ahora sí ir a la corrección de esta iniciativa. Porque vale la pena señalar que esta reforma ya es inaplicable para los nombramientos que ya están hechos en este momento de la actual Guardia Nacional”.

Por el PRI, la senadora Claudia Anaya agradeció la honestidad del senador Óscar Cantón para reconocer el error, que calificó como “la estulticia cotidiana de Morena”.

“Aquí cuando no es una cosa es otra y nos la pasamos corrigiendo los errores que ustedes mismos cometen”. 

En su turno al micrófono, el panista Marko Cortés argumentó que su bancada votó en contra porque los cambios respaldan “la militarización” de la seguridad pública. 

“Creemos que siempre va a ser positivo que haya control constitucional, que cualquier nombramiento o ascenso pase por el Parlamento, eso es positivo, pero no cuando está de por medio avalar, legitimar la militarización que han hecho en nuestro país”, dijo. 

La reforma establece que el Senado o en sus recesos la Comisión Permanente del Congreso ratifique los nombramientos de las personas con la jerarquía de coronel y otras categoría de jefes superiores de la Guardia Nacional que sean enviados por la presidenta Claudia Sheinbaum en los mismos términos que las demás Fuerzas Armadas.

La reforma también busca modernizar la Constitución con el uso del lenguaje incluyente, respetuoso de la igualdad entre hombres y mujeres.

La Guardia Nacional está conformada por una Comandancia, cuyo titular es nombrado de forma directa por la presidenta Claudia Sheinbaum.  

Corrección en 24 horas

La iniciativa fue ingresada el martes pasado por el senador Adán Augusto López Hernández y fue dictaminada en las primeras horas del día siguiente por las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos. 

Horas después, en el pleno del Senado, los legisladores dieron primera lectura al dictamen y, como no pueden votarla de inmediato por las reglas legislativas, convocaron a una segunda sesión para la tarde de este mismo miércoles.

La corporación tiene una Jefatura General de Coordinación Policial, que a su vez tiene cuatro Subjefaturas: Operativa; de Doctrina; de Planeación, Administrativa y Logística, y de Investigación e Inteligencia. Todos estos cargos son ocupados por personal con la jerarquía de generales.

 

 

Con información de: Animal político.

Tips al momento

Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?

Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.

Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.

Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.

Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.


EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.

Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las  investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta  penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.

Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que  otro de mayor rango está próximo a perderla.

Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.

Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.

La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como  la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por  La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

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