Huachicol fiscal: ¿cómo opera el negocio ilícito que involucra robo de combustible y corrupción en aduanas?
Un negocio ilícito que involucra a empresarios, funcionarios y prestanombres está generando pérdidas millonarias para el Estado mexicano, ganancias rápidas para el crimen organizado y una cadena de corrupción que involucra a altos mandos militares, de acuerdo con especialistas. Hoy la operación es conocida como huachicol fiscal, pero ¿cómo operan estas redes?
“El huachicol fiscal es un delito que involucra corrupción en altos niveles. Simplemente, la persona encargada de hacer las verificaciones en aduanas o los altos mandos responsables se hacen de la vista gorda y colaboran con redes criminales”, explica Michel Levien, abogado especializado en antilavado, anticorrupción y cumplimiento normativo.
¿Qué es el huachicol fiscal?
Huachicol proviene de la palabra maya “huach” o “waach”, usada para referirse a los “forasteros”, de acuerdo con la Academia Mexicana de la Lengua. Mientras, en castellano es utilizada con el sentido de algo falso o de mala calidad. Anteriormente, se refería a bebidas alcohólicas adulteradas como el aguardiente diluido; después, el combustible robado y rebajado —que también es una adulteración— se apropió de la definición.
Al igual que el huachicoleo común, el huachicol fiscal facilita la extracción, el transporte y la comercialización ilegal de hidrocarburos. Sin embargo, se diferencia porque el combustible robado es transportado fuera del país y las organizaciones que se dedican a este delito evaden obligaciones fiscales, como no pagar impuestos, explica Michel Levien.
Por ejemplo, si una organización roba petróleo crudo para distribuirlo en Estados Unidos, deberá transportarlo mediante buques y pasarlo por aduanas para llevarlo a una refinería. Entonces, para que no sea incautado, lo registran como un desecho petroquímico o como otro líquido para evadir impuestos.
Altos mandos involucrados en casos de huachicol fiscal
A inicios de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló redes de huachicol fiscal. En marzo, tras un megadecomiso de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, Tamaulipas, fueron detenidas 14 personas; entre ellas, empresarios, personal de la Secretaría de Marina (Semar) y exfuncionarios aduanales, de acuerdo con Reuters.
Las investigaciones sobre este caso condujeron a la FGR a sumar las detenciones de Francisco Javier Antonio Martínez, exdirectivo de aduanas en Tampico, y del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, familiar de Rafael Ojeda, secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Farías Laguna es considerado el funcionario de más alto rango implicado en el huachicol fiscal. Durante su conferencia matutina del 8 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que habrá “cero impunidad” en estos casos, “aunque las investigaciones lleven tiempo”.
Un problema arraigado desde Peña Nieto hasta Sheinbaum
Este negocio ilícito no es nuevo. De acuerdo con Fluvio Ruíz, exconsejero de Pemex y experto en temas energéticos, durante el mandato de Enrique Peña Nieto “se llegaron a sustraer decenas de miles de barriles diarios desde ductos o terminales de almacenamiento; incluso, en 2018 fue asesinado Tadeo Alfonzo Rojas, jefe de seguridad de la refinería de Salamanca por no querer colaborar con redes criminales”.
En diciembre de ese mismo año, con la llegada de un nuevo sexenio, Andrés Manuel López Obrador implementó una estrategia de respuesta rápida para contener el huachicol fiscal. Sin embargo, solo provocó un desabasto de combustible en ciertos puntos del país, recuerda el exconsejero de Pemex.
“Ha tenido un crecimiento enorme en solo dos sexenios. El huachicol fiscal se ha vuelto más sofisticado, complejo y binacional. Al igual que el narcotráfico, ya involucra obligatoriamente redes binacionales para introducir ilegalmente el combustible de país en país, principalmente en Estados Unidos”, expone Fluvio Ruíz.
Este negocio ilícito también se volvió más atractivo para las organizaciones criminales que buscaban diversificarse, por esta razón “las redes de huachicol ahora son más fuertes, ya que también se dedican al tráfico de personas, de armas o de drogas”, agrega el abogado Michel Levien.
“La elusión fiscal por huachicol afecta directamente a las finanzas del Estado porque el cobro de estos impuestos ya no llega a la Secretaría de Hacienda. Además, perjudica a Pemex y a las distribuidoras de combustible por el volumen de líquido perdido y transportado ilegalmente”, asegura Fluvio Ruíz.
¿Cómo se sanciona el huachicol fiscal en México?
De acuerdo con el artículo 8 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos “sustraer hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, equipos o instalaciones” puede conllevar penas de 20 a 30 años de prisión para las personas responsables.
Además, impone una multa desde 20,000 hasta 25,000 veces el valor de la unidad de medida y actualización (UMA) vigente. En 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estableció que la UMA tiene un valor de 113.14 pesos, por lo que la sanción va desde los 2 millones 262,800 hasta los 2 millones 828,500 pesos.
En este caso, “el contrabando desde la perspectiva fiscal abona otros delitos a la sanción ya estipulada. Estos dependerán de la gravedad del asunto y atentarán directamente contra la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público”, explica Michel Levien.
Comúnmente, dentro de las redes de huachicol fiscal hay una colusión entre trabajadores aduanales e integrantes del crimen organizado, por lo que las sanciones para personas detenidas recientemente, como Farías Laguna y Antonio Martínez se incrementan por ser servidores públicos o integrantes de la Marina.
La respuesta del gobierno mexicano ante la crisis por esta clase de delitos
Ante la magnitud de la problemática, desde los primeros meses de 2025, la Marina y la Guardia Nacional, en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), han desplegado operativos para decomisar combustible robado.
Los especialistas consultados califican la respuesta del gobierno mexicano como “favorable”. Sin embargo, plantean estrategias y acciones que podrían implementarse para desmantelar las redes de huachicol fiscal de una manera más rápida.
“Con la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) el gobierno podría tener un mejor rastreo de las empresas o funcionarios que puedan ser sospechosos de participar en estas redes”, menciona Fluvio Ruíz. Por su parte, el abogado Michel Levien asegura que el desmantelamiento de esta red criminal destapa información que la FGR puede utilizar para ampliar las detenciones: “Habrá que ver si la utilizan para combatir el delito o continúa triunfando la red de corrupción”.
Con información de Animal Político.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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