Rubí, víctima de tortura policial en NL, exige justicia; gobierno local rechaza disculparse

El valor para exigir una vida sin violencia le fue arrebatado a Rubí la noche del 8 de marzo de 2023. Junto con otras personas, fue detenida, golpeada e incomunicada por policías estatales. 

A más de dos años de los hechos, el gobierno de Samuel García, mediante la Secretaría de Seguridad, se ha negado a ofrecer una disculpa pública por las diversas violaciones a los derechos cometidas ese día por la corporación, ahora Fuerza Civil, pese a las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos local y federal. 

“Sé que con el paso del tiempo voy a volver a tomar el valor, y la sensación de que se enfríen las cosas me ha permitido otra vez estar al frente. Pero justo estos dos últimos años no, o sea, es así completamente, completamente represión”, detalla Rubí Cruz.

Ese 8 de marzo, alrededor de las diez de la noche, las asistentes a la marcha en Monterrey ya se estaban retirando. Un grupo muy reducido de manifestantes feministas vestidas de negro y con el rostro cubierto rayaron paredes y quemaron algunas puertas del Palacio del Gobierno. Los policías de la Secretaría de Seguridad estatal llegaron en grupos grandes a hacer arrestos.

Rubí, quien es fotógrafa y pertenecía al grupo “Morras Feministas Monterrey”, estaba por irse junto con su mejor amiga; llevaba su equipo en la mochila a la espalda luego de documentar la marcha. Al caminar por la Explanada de los Héroes observó que un grupo de policías con cascos y escudos antimotines pretendían llevarse a una joven, se acercó para ayudarla, pero la detuvieron también a ella.

Me jalaron justo de la mochila -narra la joven, hoy de 29 años-. Me tiraron al suelo. Aproximadamente eran 10 policías contra mí. Una vez que me tiran al suelo me empiezan a jalar de la mochila. Me empiezan a arrastrar por el suelo y la verdad es que a partir de ese punto yo como que mentalmente me voy. O sea, pues nunca me había pasado algo así. Me quitan el celular de la mano, me quitan los tenis, mientras me empiezan a arrastrar porque se vinieron muchas manos alrededor de mí.

La arrastraron hasta las escalinatas localizadas en la entrada del recinto gubernamental; ahí la mantuvieron sometida aproximadamente diez minutos, con su mochila tapando su rosto; les gritaba que no podía respirar y les pidió que no la mataran.

“Yo en ese momento pensé que me iba a morir y una de las oficiales, no tengo su rostro, no tengo nada, pero me dijo: ‘Te voy a matar, culera’”, agrega.

Posteriormente la llevaron casi en vilo hasta la parte posterior del Palacio. A mitad de camino tropezó, pero los policías continuaron y la trasladaron a rastras, pasando incluso sobre vidrios.

Una vez dentro del Palacio la patearon e insultaron mientras yacía en el piso con las manos y pies asegurados sobre su dorso. Mientras era sometida por una mujer policía que le pisaba la espalda, Rubí logró observar que había más mujeres y hombres detenidos. A los minutos vio cómo traían también a su amiga, “y la ponen justo al lado de mí”.

Mensaje tras el abuso policial   

Medios de comunicación, redes sociales, videos y fotografías ya daban cuenta de lo que sucedía en la explanada: mujeres siendo perseguidas, detenidas por grupos de policías, siendo arrastradas de los cabellos, de los brazos; golpeadas y sometidas. 

Las autoridades informaron que esa noche fueron detenidas 13 mujeres y tres hombres, entre ellos, dos mujeres y un hombre menores de edad.

Fueron llevados al patio interno del Palacio donde un uniformado, a quien Rubí identifica como un jefe de los policías, felicitó a los elementos, quienes respondieron con aplausos. Posteriormente pusieron a los detenidos de rodillas y les asignaron un policía a cada una para custodiarlas.

“Estos policías nos tomaban fotos, se estaban riendo de nosotras, nos estaban diciendo que no podíamos voltear hacia arriba, entonces siempre tuvimos que tener la mirada hacia el piso”.

Mientras eso sucedía, a las 23:16 horas el gobernador Samuel García publicó en su cuenta de X: “Ante lo ocurrido, tendremos que tomar cartas en el asunto para que en las manifestaciones, respetando su causa, su derecho a manifestarse, también salvaguardar la vida de miles de mujeres y evitar que un puñado de personas las vuelva a poner en riesgo”.

Y agregó: “En este gobierno no somos sus enemigos, somos sus aliados, aquí no tienen que romper ni quemar las puertas porque las puertas están abiertas para ustedes”.

Después de ser sometidas en el interior de la sede del Ejecutivo, las detenidas fueron remitidas a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), a bordo de patrullas estatales, eso, sin haberles leído sus derechos o haberles informado el motivo de su arresto.

La joven afirma que no fueron ingresadas de inmediato a la agencia investigadora, sino que las dejaron alrededor de ocho horas dentro de las patrullas. Les dieron agua, pero seguían maniatadas con cinchos, cintas de sus tenis o con sus propias pañoletas de protesta. Fueron llevadas al Hospital Universitario para practicarles una revisión médica y regresaron al mismo punto.

Cuando por fin fueron recibidos por la AEI, no pudieron llamar a sus familias, a quienes en la recepción del lugar les negaban que estuvieran ahí y los mandaban a buscarlas a una estación policiaca localizada en Monterrey, conocida como “La Alamey”.

“Pero como yo estaba compartiendo mi ubicación con mis familiares, ellos decían: ‘pero es que aquí me parece que están aquí’. Y así a los familiares les estuvieron dando diferentes ubicaciones y no les decían que estábamos ahí”, explica.

Al amanecer fueron trasladadas a una sala de espera y horas después les proporcionaron alimentos. Posteriormente llegó el personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a entrevistarlas.

Ese 9 de marzo el entonces secretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Palacios Pámanes, declaró al medio local AbcNoticias que la autoridad actuó cuando concluyó la marcha feminista porque algunos asistentes atacaron el Palacio y a elementos de policía, y que 15 mujeres policías resultaron lesionadas.

Terminó el evento de manifestación pública, pacífica y respetuosa -declaró entonces Palacios Pámanes- y, por lo tanto, terminó la aplicación del protocolo, y el evento dos, fue una serie de actos delictivos que tienen que ver con delitos cometidos contra servidores públicos, daño en propiedad ajena y lesiones contra personal femenil de Fuerza Civil que implicó nada más y nada menos que la aplicación de la ley.

Después de 18 horas les permitieron hacer una llamada a cada una de las personas detenidas y más de un día después pudieron ver a sus familiares. Hasta el segundo día de su detención fueron liberadas, para ser citadas al día siguiente en los juzgados, donde les retiraron sus celulares, con el argumento de que serían analizados como parte de la investigación.

“Nuestros celulares estuvieron retenidos un mes y medio. A una de las detenidas se lo robaron, o sea, nunca se lo regresaron. A mí, afortunadamente, sí me regresaron mi cámara con mis memorias y todo”. 

Rubí recuerda que al lugar de su detención arribó una abogada que les dijo que los acusarían de daños al patrimonio. Al final las acusaciones no procedieron porque las autoridades no demostraron que hubieran estado involucradas.