Jueza extiende por tres meses medidas cautelares de censura al diario Tribuna Campeche; no puede hablar de Layda Sansores
Un juzgado de Campeche ordenó mantener por tres meses más las medidas cautelares de censura impuestas contra el periódico Tribuna y contra el periodista Jorge González Valdéz para no hablar sobre la gobernadora Layda Sansores.
En una audiencia celebrada el lunes 15 de septiembre la jueza AnaMaribel de Atocha Huitz May determinó externer las restricciones previamente aplicadas, las cuales consisten en someter a revisión de un censor designado por el Poder Judicial todas las notas relacionadas con Layda Sansores previo a ser publicadas.
“La disposición obliga tanto al medio como al periodista enviar cada publicación a revisión antes de difundirse, con un plazo máximo de 30 minutos para recibir observaciones, modificaciones e incluso la prohibición de que sea subida a la plataforma digital. En caso de incumplimiento, la responsabilidad recaerá en el representante legal de la empresa editorial y en el periodista Jorge González Valdéz”, informó el medio.
El acuerdo judicial señala que el objetivo es evitar la difusión de contenidos considerados ofensivos o discriminatorios hacia la gobernadora de campeche.
“Con esta determinación, se ratifica y amplia el esquema de censura previa, sometiendo, bajo supervisión directa, tanto al medio digigal como al periodista durante un lapso adicional de tres meses”, señaló Tribuna Campeche en una publicación.
Layda Sansores y la censura a Tribuna Campeche
Desde el pasado 15 de julio, un censor revisa las publicaciones de Tribuna Campeche y una persona acompaña al periodista Jorge Luis González Valdez en sus actividades periodísticas, como parte de las medidas cautelares ante el presunto delito de incitación al odio.
Tras la determinación de la jueza, el medio Tribuna anunció que dejaría de publicar contenido mientras estas medidas sigan vigentes. “Lo más aberrante es que la jueza afirmó que no se impide la libertad de expresión, pero hay que cuidar que no se lastime la dignidad de la gobernadora Sansores”, mencionó.
Pese a que el periódico interpuso un recurso, este fue declarado improcedente el 31 de julio y la jueza del Segundo Juzgado de Control del Primer Distrito Judicial en Campeche, Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez, les ordenó entregar los datos del community manager de dicho medio en menos de 48 horas para imponer un censor judicial que revisará sus publicaciones, para evitar hacer referencias a la gobernadora, Layda Sansores.
“Esta medida busca manipular la información relacionada con el Cuarto Informe de Layda Sansores, que es precisamente este viernes”, señaló el director del medio Jorge González.
Artículo 19 y defensores de derechos consideraron que las medidas son excesivas y van en contra de la libertad de expresión. Tanto el medio como el comunicador se encuentran en proceso por el presunto delito de incitación al odio en contra de Sansores, por publicaciones realizadas entre 2021 y 2025.
A este caso se suma que el pasado 10 de agosto, Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez Camal y Hubert Carrera Pali, periodistas del medio La Barra Noticias, tuvieron que ofrecer disculpas públicas a la gobernadora de Campeche por emitir expresiones que constituyeron “violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”.
Las disculpas se emitieron en cumplimiento a una resolución del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), la cual fue apelada por los periodistas, sin embargo, fue ratificada por la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Con información de: Animal político.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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