Fondos de EU llevan a TV Azteca al arbitraje del T-MEC; exigen a Salinas Pliego pagar deuda millonaria

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un grupo de inversionistas recurrió al arbitraje internacional bajo el T-MEC para que TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, pague su deuda, luego de considerar que el proceso judicial en México se condujo sin respetar el debido proceso. 

Se trata de las administradoras de fondos de inversión estadunidenses Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partners, que buscan recuperar 500 millones de dólares de parte de Salinas Pliego, esto en vísperas de la llegada de la nueva Corte tras la reforma judicial. 

Las firmas presentaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) su réplica a la desestimación del proceso de arbitraje contra el Estado mexicano, el cual, afirman, fue “rechazado por motivos jurisdiccionales infundados”. 

De acuerdo con Katherine P. Padgett, de Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP en Washington, DC y asesora legal de los demandantes en este arbitraje de inversión, el monto sigue creciendo porque, “hasta hoy, TV Azteca permanece protegida de responsabilidad” gracias a las acciones indebidas de los tribunales mexicanos locales. 

“Son inversionistas estadounidenses y sus inversiones están protegidas por las disposiciones del T-MEC (...) Consideramos que no es del interés de México gastar los recursos de los contribuyentes en una acción que se lee como defensa de acciones ilegítimas de tribunales mexicanos que han protegido indebidamente a un multimillonario mexicano y sus empresas de tener que pagar obligaciones legales de deuda, el mismo multimillonario mexicano cuyas empresas también deben una cantidad masiva de impuestos no pagados al Estado mexicano”, agregó Padgett. 

Proceso legal 

En 2022, TV Azteca inició un proceso ante el Sexagésimo Tercer Juzgado Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, presidido por el juez Miguel Ángel Robles Villegas, solicitando que se declarara que la pandemia de Covid-19 constituía un caso de fuerza mayor que le impedía cumplir con sus obligaciones y pagar sus deudas a los inversionistas. 

El juez otorgó medidas cautelares sin conceder audiencia ni notificar a los acusados, ordenando la suspensión de pagos hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el fin de la pandemia, lo que privó a los inversionistas de la oportunidad de defenderse, pese a que las actividades del tribunal ya se habían reanudado por completo seis meses antes. 

Cuando los prestamistas pidieron levantar la medida cautelar, después de que la OMS y el presidente Andrés Manuel López Obrador declararon el fin de la emergencia de salud pública por Covid-19, el mismo tribunal negó la solicitud con el argumento de que “solo se declararon terminadas las acciones extraordinarias”, pero que aún existen casos del virus, “quedando así suspendidas las obligaciones de TV Azteca”. 

Además, el 9 de mayo de 2023, el juez concedió otra medida cautelar solicitada por la televisora, que le permitió abstenerse de reportar información financiera al público como empresa entonces cotizante en la Bolsa Mexicana de Valores. 

Esta orden judicial le permitió blindar información sobre su desempeño financiero y “continuar fingiendo que ha sufrido dificultades debido a la pandemia de COVID-19”, acusaron los fondos. 

“Convenientemente, esto también significa que no hay base para que los prestamistas digan que TV Azteca ciertamente puede pagar la deuda que ahora debe en su totalidad, así como las obligaciones fiscales impagas que también está desafiando”, añadieron. 

Posteriormente, el 30 de enero de 2024, un tribunal de apelaciones determinó que la medida cautelar debía mantenerse hasta que TV Azteca notificara a los 35 acusados. 

Como resultado, la firma que representa a los inversionistas afirmó que TV Azteca puede “continuar abusando de un proceso claramente defectuoso y la imposición de una medida cautelar para bloquear los esfuerzos de desestimación y evitar pagar su deuda”. 

“En resumen, México es responsable, bajo el derecho internacional, ante los inversionistas estadounidenses por el mal uso de su sistema judicial en contra de sus intereses y a favor de TV Azteca y del Sr. Ricardo Salinas. Sin embargo, México se ha negado repetidamente a comprometerse con los demandantes en lo que debería ser un objetivo común para detener este abuso ventajoso del poder judicial de México en beneficio de un particular”, señaló la firma. 

Panel T-MEC 

Los inversionistas explicaron que presentaron el caso arbitral contra el Estado mexicano y contra TV Azteca. 

Al gobierno mexicano lo consideran responsable en última instancia de cumplir con las obligaciones del T-MEC, entre ellas garantizar el respeto a la ley y el acceso a un juicio en igualdad de condiciones y sin irregularidades para los inversionistas. 

Estas acusaciones de los fondos de inversión coinciden con el inicio de las consultas públicas para la revisión del T-MEC, mecanismo que funge como plataforma para que el sector privado de cada país exponga sus inconformidades con el tratado y con el clima judicial de competencia económica en Norteamérica. 

 

 

Con información de: Proceso.

Tips al momento

Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?

Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.

Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.

Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.

Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.


EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.

Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las  investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta  penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.

Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que  otro de mayor rango está próximo a perderla.

Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.

Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.

La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como  la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por  La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

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