Vicealmirante, señalado en red de huachicol fiscal, solicita amparo para evitar posible detención
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El vicealmirante Salvador Camargo Vivero, denunciado por supuestamente formar parte de una red de huachicol fiscal, solicitó un amparo para evitar ser detenido una vez que regrese a suelo mexicano.
El integrante de la Secretaría de Marina fue denunciado por supuestamente permitir la descarga de 20 buques llenos de combustible ilegal cuando era director de la Administración del Sistema Portuario nacional (Asipona) en Tampico, sin embargo, actualmente no existe todavía orden de aprehensión en su contra.
De acuerdo con su demanda de amparo, a la que Proceso tuvo acceso, su abogado, Daniel Jiménez Valencia afirmó que el vicealmirante no se encuentra en el país y apenas va a regresar.
Pero, para evitar ser detenido, solicitó un amparo a favor de su cliente contra cualquier orden de aprehensión que sea emitida y que las autoridades intenten ejecutar una vez que regrese a México.
“El C. Salvador Camargo Vivero por medio de un familiar recibió la noticia de que estaba recibiendo ataques al ser nombrado en notas periodísticas referentes al tema de la red de huachicol fiscal mismo que, hace un señalamiento a la causa penal 305/2025, la cual inició a partir de la judicialización de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0000568/2024; toda vez que fue director de ASIPONA (Administración del Sistema Portuario Nacional) en Tampico, Tamaulipas del primero de marzo de 2024 al 16 de enero del presente año”, relató el abogado.
“El C. Salvador Camargo Vivero no ha recibido ningún aviso, citación y/o notificación que lo vincule a juicio, causa o procedimiento legal, ello incluso a que, en la actualidad se desempeña como Vicealmirante de la Marina y Jefe de Estado Mayor en la Región Naval número 10, RN10 en Salina Cruz, Oaxaca; manifestando que la circunstancia que se señala en el párrafo que antecede es un tema aduanero y donde el C. Salvador Camargo Vivero no tiene funciones o responsabilidades de importación de mercancías, así también que él salió de funciones dos meses antes del barco incautado, por lo tanto, él ya no tenía funciones de director en ASIPONA”.
El abogado agregó que su cliente teme por su integridad, libertad, protección familiar e incluso su vida.
El nombre de Camargo Vivero surgió en la investigación del caso de huachicol fiscal en Tamaulipas, luego de que un testigo de la Fiscalía General de la República (FGR), identificado como HRV, jefe de supervisión de Maniobras de ASIPONA, declaró el 11 de julio pasado que el vicealmirante y Javier Antonio Martínez, quien era su gerente de Administración y Finanzas, autorizaron el ingreso de embarcaciones en la aduana 290.
Entre los buques se encuentra el Challenge Procyon, asegurado el 19 de marzo de 10 millones de litros de diésel proveniente de Estados Unidos, pero con registro para aditivo de aceites.
El testigo indicó que, entre febrero de 2024 y febrero de 2025, bajo la dirección de Camargo y Martínez, ingresaron cerca de 20 a 23 barcos con registros de carga de aditivos.
Por este caso Martínez está vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
En su demanda, el abogado del vicealmirante solicitó una suspensión de plano para blindar a su cliente contra cualquier detención.
El amparo de Camargo Vivero fue enviado al juez Sexto de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, Juan Mateo Brieba de Castro, quien el pasado 10 de septiembre le pidió aclarar la demanda y le dio 5 días para ello.
En consecuencia, el juzgador rechazó concederle la suspensión de plano que solicitó el abogado.
De acuerdo con los estrados judiciales, el representante legal de Camargo Vivero no ha desahogado la prevención del juez para que este pueda resolver si admite o desecha la demanda.
Con información de: Proceso.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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