
El Congreso de Bolivia aprobó el miércoles una ley que prohíbe los matrimonios y uniones libres con menores de 18 años, con lo que está en camino a sumarse a la lista de 13 países de América Latina que proscriben esta práctica.
La Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto que ya había sido aprobado por el Senado en abril. Ahora pasará a sanción presidencial.
La ley derogó normas anteriores que validaban los matrimonios o uniones con menores. La más reciente era de 2014.
Hasta ahora, las uniones con menores de 18 años se legalizaban con autorización de padres o tutores.
"Esta no es solo una ley, es una promesa de que nuestras adolescentes ya no serán obligadas a casarse, a dejar la escuela o a cargar responsabilidades que no les corresponden", dijo la senadora oficialista Virginia Velasco, promotora de la reforma legal, en una nota de prensa.
Una vez promulgada la ley, los matrimonios con menores no se podrán legalizar. La ley no es retroactiva.
Velasco señaló que en adelante funcionarios que registren matrimonios o uniones libres con menores pueden ser procesados penalmente y cumplir penas de prisión de entre uno y cuatro años.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Bolivia, entre 2014 y 2023 se registraron poco más de 4.800 matrimonios que involucraban a adolescentes de 16 y 17 años.
Además, había 487 casos en los que la esposa era una niña de entre 12 y 15 años.
Según la organización Save The Children para 2014 había más de 32.000 niñas en Bolivia conviviendo con mayores de edad antes de los 15 años. No hay datos actualizados desde entonces.
En Latinoamérica hay 13 países que prohíben estas relaciones, entre ellos Colombia, Perú, Ecuador, El Salvador, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Con información de: El economista.

El regidor de Morena, Hugo González, denunció a través de sus redes sociales la persistencia de nepotismo en la administración municipal de Chihuahua Capital, tras un análisis de la nómina que incluyó dependencias y organismos descentralizados.
Advirtió que la presencia de familiares de funcionarios en puestos clave afecta la confianza ciudadana y señaló también la falta de transparencia en el manejo de recursos públicos, por lo que reiteró su llamado a transparentar la lista de deudores históricos del impuesto predial.

El personal de Comunicación Social de las dependencias del Gobierno del Estado debería mostrar mayor criterio y tacto al momento de enviar las imágenes que acompañan sus boletines informativos, pues estas son, en muchos casos, la cara pública del mensaje que se pretende transmitir, sin embargo, pareciera que, en lugar de proyectar profesionalismo, terminan dejando mal paradas a las propias personas que aparecen en ellas…
En esta ocasión, el caso corresponde a una fotografía difundida por la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), en el marco de una campaña para dar a conocer los paquetes de construcción que se ofrecen para la mejora de viviendas, no obstante, tal como se ha señalado, una imagen destacó entre todas las enviadas… y no precisamente por razones positivas…
Basta con observar la fotografía para entender el problema; no hace falta describirla. Aunque la intención del área pudo haber sido buena, el resultado terminó por opacar el mensaje principal. Este tipo de descuidos evidencian la falta de filtros y sensibilidad en la selección del material que se hace público…
Cabe reiterar que las áreas de Comunicación Social deben extremar el cuidado en las imágenes que difunden, ya que, además del impacto político y social, un error de este tipo puede derivar en problemas legales por el uso indebido o no autorizado de la imagen de las personas, situación que ya ha ocurrido en otras ocasiones…

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