EU vincula con el Cártel de Sinaloa a Hilda Araceli Brown, diputada federal por Morena en BC
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que la diputada federal por Morena en Baja California, Hilda Araceli Brown Figueredo, forma parte de una red criminal que pertenece a la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “La Mayiza” en Playas de Rosarito, la cual se encuentra bajo las órdenes de Juan José Ponce Félix, apodado “El Ruso”.
En un documento emitido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el gobierno de Estados Unidos identificó a la diputada morenista como aliada de Candelario Arcega Aguirre y Jesús González Lomelí, a su vez vinculados René y Alfonso Arzate García, los líderes de “La Mayiza” en la zona norte de Baja California.
“Jesús González Lomelí es un lavador de dinero de alto nivel quien utiliza sus negocios en México para lavar recursos ilícitos del Cártel de Sinaloa. González también trabajó con un operador político afiliado al Cártel de Sinaloa, Candelario Arcega Aguirre, para corromper a la colaboradora de la exalcaldesa de Playas de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueroa, y obtener protección para las actividades criminales de los hermanos Arzate García en Rosarito”, plantea el documento.
Diputada federal por Morena en la legislatura actual, Hilda Brown ha crecido al amparo de la estructura de Morena hasta convertirse en alcaldesa del municipio de Playas de Rosarito, en 2021. Previo a eso, la mujer, con licenciatura trunca, fungió como coordinadora del grupo “Todos con Andrés Manuel” (López Obrador) previo a la campaña presidencial de 2006; después fue coordinadora municipal de Movimiento Regeneración Nacional –el movimiento que se convirtió más tarde en el partido político Morena--, y en 2012 fue promotora de voto en la campaña presidencial de López Obrador.
En 2018 se volvió coordinadora estatal de afiliación a Morena, y después de la toma de posesión de López Obrador en la presidencial fungió como “coordinadora regional del censo del bienestar en Tecate-Rosarito”, cargo que le permitió lograr la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Playas de Rosarito, de la que brincó a San Lázaro el año pasado.
La investigación del Departamento de Estado contra la red de “El Ruso” en Playas de Rosarito resalta el papel de González Lomelí como lavador de dinero para el grupo criminal, lo cual podría generar más problemas a futuro para Morena en la entidad, pues el empresario ha sido socio de Fernando Salgado Chávez, el padre de un empresario cercano a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien ha patrocinado campañas políticas de Morena, según reveló el semanario Zeta en julio pasado.
Con información de Proceso.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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