Triple homicidio en Yautepec: encapuchados someten a guardias para matar a dos mujeres y un hombre

CUERNAVACA (apro).- Mientras se llevaban a cabo comparecencias en el Congreso de Morelos sobre justicia y seguridad, en Yautepec se registró un ataque armado contra una familia dentro de un fraccionamiento, en el que murieron dos mujeres y un hombre. Apenas 43 minutos después, otro hombre fue hallado sin vida con evidentes signos de tortura.

El primer incidente ocurrió siete minutos después del mediodía en el fraccionamiento Manantial, ubicado cerca de un Oxxo muy visible en la localidad. Según el reporte oficial, al menos cinco sujetos encapuchados sometieron a los guardias de seguridad privada, a quienes amarraron y encerraron en un baño. Posteriormente ingresaron al domicilio y asesinaron a tres personas: una mujer, su hija y el esposo de ésta.

Paramédicos confirmaron que las víctimas no presentaban signos vitales al momento de ser atendidas. Minutos después, alrededor de las 12:50 horas, en un camino de terracería de la colonia Atlihuayan, que conecta con Campo Nuevo y San Juan, fue localizado el cuerpo de un hombre maniatado y con evidencias de violencia.

Ambos hechos fueron reportados a la Fiscalía General del Estado (FGE), que desplegó personal especializado para iniciar las investigaciones correspondientes.

Las diligencias incluyen levantamiento de evidencias, entrevistas a testigos y recolección de indicios que permitan identificar a los responsables. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información sobre posibles líneas de investigación ni sobre la identidad de los agresores.

Estos incidentes se suman a una serie de hechos violentos recientes en la región. La FGE reiteró su compromiso de garantizar investigaciones exhaustivas y la aplicación de la ley conforme a los protocolos establecidos.

Asesinatos todos los días, este día fue Yautepec

Durante la comparecencia del secretario de Seguridad Pública de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, ante la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, diputados del PAN cuestionaron la falta de resultados en materia de seguridad y reprocharon el incremento de asesinatos en toda la entidad, principalmente en la zona oriente.

El ataque armado en un fraccionamiento de Yautepec que dejó tres personas asesinadas ocurrió apenas minutos después de iniciar la sesión.

El diputado Gerardo Abarca, del PAN, abrió la comparecencia y realizó las primeras preguntas. Señaló que, mientras las autoridades estatales reportan una disminución en los homicidios, el estado ha registrado al menos siete asesinatos en las últimas 72 horas.

“¿Cómo explica, señor secretario, la supuesta disminución de homicidios cuando Morelos registra asesinatos todos los días? ¿Qué justificación da a que nuestro estado concentre más homicidios que el promedio nacional?”, cuestionó Abarca.

El legislador destacó que, según datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Morelos concentra el 4.4 % de los homicidios dolosos en México durante los primeros siete meses del año, con un total de 650 víctimas, mientras que el promedio nacional por entidad fue de 461.53 casos. En julio de 2025, el estado sumó 103 víctimas, el 5.1 % del total nacional en ese mes, manteniéndose entre los diez estados con mayor violencia del país.

En respuesta, Urrutia detalló que las detenciones recientes suman al menos 444 personas y que, lamentablemente, menores y mujeres están siendo utilizados por grupos delictivos para cometer delitos como sicariato, venta de drogas y extorsión. Señaló que la incidencia delictiva ha disminuido en municipios como Cuernavaca, donde los homicidios mensuales pasaron de 16–18 a entre 7 y 10 en los últimos meses.

El funcionario mencionó además acciones concretas contra grupos criminales en Huitzilac, donde se aseguraron 14 aserraderos y un narcolaboratorio en funcionamiento por ocho años, así como una bodega de huachicol activa durante cinco años. “Muchas detenciones se han realizado con apoyo tecnológico y de manera legal, con seguimiento mediante videocámaras y telefonía celular”, indicó.

Abarca insistió en que, a pesar de las cifras oficiales, la violencia persiste, con balaceras en Huitzilac, hallazgo de cuerpos en Temixco y Tepelcingo, y asesinatos diarios, incluido el triple homicidio en Yautepec durante la comparecencia. Reiteró que Morelos se mantiene por encima del promedio nacional y dentro de los diez estados más violentos del país.

Cuestiona protocolos de seguridad y flagrancia en Morelos

El diputado Óscar Daniel Martínez Terrazas, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, cuestionó la percepción de violencia y los protocolos de intervención de la Policía Estatal.

Señaló que, según el Índice de Paz 2025, elaborado por el Instituto de Economía y la Paz, el 90.1 % de los morelenses se sienten en peligro. Solo Guanajuato y Colima superan a Morelos en violencia, situando al estado entre los más inseguros del país.

El legislador destacó que siete de cada diez establecimientos ha sufrido un asalto o delito cercano, mientras que la población reporta sentirse insegura en cajeros automáticos (67.9 %), transporte público (63.7 %), carreteras (58.7 %) y bancos o comercios (53.9 %).

A nivel nacional, el impacto económico de la violencia ascendió en 2024 a 4.5 billones de pesos, equivalente al 18 % del Producto Interno Bruto, con un costo per cápita de 33,905 pesos. Morelos se ubicó entre las tres entidades con mayor costo económico por violencia.

Martínez Terrazas formuló dos preguntas clave: sobre los protocolos de intervención directa en establecimientos y pequeños negocios, y sobre los procedimientos para aumentar la flagrancia antes de que se presenten denuncias. Entre 2024 y 2025, más del 50 % de las detenciones en flagrancia correspondieron a los municipios, más del 20 % a autoridades coordinadas, solo el 12 % a la autoridad estatal y el 2 % a la federal.

El secretario Urrutia indicó que, aunque las víctimas de homicidio han disminuido, la percepción de homicidios ha aumentado. Señaló que la promoción de denuncias a través del 911 permite realizar operativos, sobrevuelos y análisis de inteligencia, complementando la información de la Fiscalía General del Estado.

Destacó la coordinación con la Policía SEPRAC, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, incluyendo inspecciones en bares y giros negros, que han permitido la detención de al menos 70 generadores de violencia en Cuernavaca y municipios cercanos.

Martínez Terrazas insistió en fortalecer la flagrancia y garantizar que los operativos cuenten con mayor presencia ciudadana para prevenir delitos. Además, resaltó la reciente aprobación de una iniciativa del PAN que regula los disparos al aire libre, integrando averiguaciones y ampliando los recursos de seguridad pública destinados a la ciudadanía.

La zona oriente de Morelos exhibe falta de estrategia

Durante la comparecencia, el diputado Francisco Erick Sánchez Zavala expresó la preocupación por la persistencia de la extorsión en la zona oriente.

“El cobro de piso es el pan de cada día, generando angustia y desesperanza. Vemos cómo se cierran negocios, familias enteras son desplazadas, pierden su patrimonio e incluso la vida a causa de este delito”, señaló.

Sánchez Zavala cuestionó los resultados de la estrategia contra la delincuencia organizada y pidió cifras sobre detenciones relevantes y acciones coordinadas en la región.

Urrutia Lozano informó que el municipio de Yecapixtla ha participado en el Programa Nacional contra la Extorsión con la instalación de arcos carreteros y postes de seguridad. Destacó que en Cuautla el reto es la sobrepoblación del penal local, por lo que se trasladarán entre 40 y 50 internos a Tlacholoaya.

El funcionario detalló la presencia de cuatro grupos delictivos en la zona: La Rata, la Familia Michoacana, la Unión Tepito y el Cártel del Pacífico. Se han realizado al menos 45 detenciones en el oriente del estado, incluidas 18 de integrantes del grupo La Rata y 12 del Cártel del Pacífico. Respecto al transporte público, varias rutas habían pagado extorsión durante años sin denunciar, lo que derivó en operativos y la detención de 14 personas, algunos permisionarios.

Sánchez Zavala reconoció el incremento salarial otorgado recientemente a los policías y exhortó a reforzar la presencia de elementos en zonas de mayor riesgo. “La sociedad morelense ya no aguanta más. La seguridad es la mayor preocupación. Lo exhorto a redoblar esfuerzos para generar resultados favorables”, concluyó.

Al fiscal también le cuestionaron sobre impunidad en homicidios y feminicidios

Durante su primera comparecencia como titular de la Fiscalía de Morelos, Edgar Antonio Maldonado Ceballos recibió cuestionamientos sobre los altos índices de impunidad en homicidios y feminicidios, así como sobre la investigación de la presunta tentativa de violación atribuida al exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

La diputada Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega destacó la necesidad de cifras concretas y estrategias claras. “No se trata solo de logros, sino de la realidad de la seguridad. Mientras haya víctimas todos los días, no existe un solo logro”, afirmó, y preguntó cuánto tiempo requerirá la Fiscalía para reducir la tasa de impunidad, actualmente superior al 97 %.

El fiscal reconoció los retos, pero señaló avances en investigación y judicialización de casos. Informó que en seis meses se han obtenido 20 sentencias en materia de feminicidios y aseguró que su equipo trabaja diariamente para integrar y judicializar las carpetas de investigación. “Desde el primer día existe un compromiso de atención directa a las víctimas y de hacer justicia en el Estado”, subrayó.

Gordillo Vega reiteró que los avances reportados no reflejan la situación real, ante el incremento de feminicidios y la falta de sentencias en la mayoría de los casos. El debate evidenció la necesidad de fortalecer la coordinación de la cadena de seguridad y garantizar que las cifras de la Fiscalía se traduzcan en resultados efectivos para la ciudadanía.

El diputado Daniel Martínez Terrazas cuestionó la impunidad en los asesinatos de Samir Flores Soberanes, la exdiputada Gabriela Marín y jóvenes de Cuernavaca y la colonia Antonio Barona, y pidió avances concretos y explicación sobre posibles intereses políticos que retrasen las investigaciones.

Maldonado Ceballos aseguró que la Fiscalía trabaja coordinadamente con otras instituciones de seguridad y que, en el caso de Samir Flores, la Fiscalía General de la República atrajo la investigación, con seguimiento de la Fiscalía estatal.

Sobre los otros homicidios, afirmó que las carpetas se han reactivado, existen líneas claras de investigación y se busca judicializar los casos y localizar a los responsables. Señaló que se identificaron rezagos al asumir el cargo y que se implementaron planes de trabajo que han generado avances en un alto porcentaje de carpetas.

Martínez Terrazas reconoció los esfuerzos, pero insistió en que la ciudadanía espera resultados efectivos en seguridad y justicia.

 

Con información de: Proceso.

Tips al momento

Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?

Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.

Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.

Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.

Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.


EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.

Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las  investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta  penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.

Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que  otro de mayor rango está próximo a perderla.

Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.

Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.

La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como  la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por  La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

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Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.

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