
Durante la madrugada del jueves, grupos armados perpetraron una serie de ataques coordinados contra la infraestructura de videovigilancia en la ciudad de Ojinaga, donde más de 30 cámaras del sistema Centinela fueron destruidas o inutilizadas, sin que las autoridades hayan intervenido ni reportado una sola detención hasta el momento.
Este hecho deja en evidencia la vulnerabilidad e ineficacia del sistema que ha sido presentado como una herramienta clave en el combate a la delincuencia y la prevención del crimen.
No se trató de un incidente menor, sino de una acción directa y simultánea en distintos puntos de la ciudad, lo que revela el nivel de organización y capacidad de los grupos delictivos que operan en la zona.
La ausencia de resultados inmediatos y la falta de respuesta contundente por parte de las corporaciones de seguridad han generado preocupación y cuestionamientos sobre la utilidad real de la millonaria inversión en la plataforma Centinela, que en teoría debería garantizar vigilancia constante y reacción oportuna ante actos delictivos de este tipo.
Habitantes de Ojinaga y sectores críticos señalan que estos hechos desnudan las debilidades del sistema y la falta de estrategia de las autoridades ante el creciente desafío que representa el crimen organizado en la región fronteriza.

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.
Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro.
Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.
El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.
Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro.
Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.
El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027
