Por austeridad, extinguen unidad para la implementación de la reforma laboral en el Poder Judicial
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por austeridad y sin haber concluido su función, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) ordenó extinguir la Unidad de Implementación de la Reforma Laboral en el Poder Judicial de la Federación (PJF).
Este martes el OAJ publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo aprobado en sesión del pasado 29 de septiembre de la Comisión de Administración en el que ordena que las funciones de dicha Unidad sean asumidas, provisionalmente, por la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
De acuerdo con la publicación, las seis plazas que conformaban la plantilla de la Unidad de Implementación de la Reforma Laboral que, hasta diciembre de 2019 encabezó el exconsejero de la Judicatura, Sergio Javier Molina Martínez, fueron transferidas a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina y Substanciación de Responsabilidades del Personal Administrativo del OAJ.
Sin embargo, no todos los puestos seguirán existiendo pues conforme a los artículos Tercero y Cuarto del acuerdo, sólo subsistirán cuatro plazas y no se especifica si los servidores públicos cuyas plazas quedarán extintas serán reubicados o quedarán fuera del PJF.
“TERCERO. Se autoriza la conversión de 6 plazas que pertenecían a la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral para la creación y adscripción definitiva de 4 plazas en la plantilla de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Disciplina y Substanciación de Responsabilidades del Personal Administrativo, a partir del 1 de octubre de 2025.
“CUARTO. Se autoriza la plantilla de plazas de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Disciplina y Substanciación de Responsabilidades del Personal Administrativo, la cual se conformará con la cantidad mínima necesaria para su operación y atender sus atribuciones”, indica el acuerdo.
Con información de Proceso.
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Adán Augusto y el robo de ganado en Tabasco
El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, ahora está en la mira, no sólo por sus presuntos vínculos con "La Barredora", sino en el caso del robo de ganado más grande de Tabasco.
En Tabasco, durante el control de Adán Augusto López y “La Barredora”, creció el robo de ganado.
El 2 de abril de 2021, agentes de la Fiscalía para el Combate al Abigeato de Tabasco ingresaron sin una orden judicial ostensible al rancho San Gerónimo, en Jonuta, y se llevaron 267 reses de alto registro pertenecientes a la familia Lezama Zubieta.
El acto, que se realizó en presencia del denunciante (Manuel Ordorica Alamina), fue denunciado como un "operativo de Estado contra la propiedad privada" y un acto de despojo en lugar de procuración de justicia.
La familia Lezama Zubieta acreditó la propiedad del ganado con facturas y registros.
El 15 de diciembre de 2021, el juicio de amparo 352/2021 culminó con una sentencia federal que ordenó la restitución íntegra de las 267 reses, incluyendo las crías nacidas durante la custodia.
La Fiscalía de Tabasco ha mostrado un incumplimiento sistemático. Solo se restituyeron 90 animales. La Fiscalía declaró la muerte de 134 reses sin presentar evidencia verificable ni notificación fehaciente.
Una pericia de "Desarrollo del Hato Ganadero" arrojó una cifra faltante que supera las mil reses si se contabilizan las crías que debieron nacer, implicando un impacto patrimonial de valor premium (ganado de registro).
El caso ocurrió durante una administración vinculada al bloque político de Adán Augusto López y ha generado debates por el ascenso posterior de funcionarios de la Fiscalía a cargos públicos, además que designó a un líder criminal como Secretario de Seguridad Pública.
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