Vinculan a proceso a Gustavo “B”, alias “Viejón”, jefe operativo de La Barredora

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal vinculó a proceso a Gustavo “B”, alias “Viejón” y/o “Tavo”, identificado como jefe operativo de “La Barredora”, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y objetivo prioritario del gobierno federal y el de Guanajuato. 

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, “Altiplano”, decretó la vinculación a proceso por delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta de cocaína y clorhidrato de metanfetamina. 

Así como delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en su variante de venta de marihuana, posesión de armas de fuego, granada, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. 

El juzgador decretó imponer al imputado la medida de prisión preventiva oficiosa y concedió 4 meses a las partes para la investigación complementaria. 

La FGR precisó que Gustavo “B” fue detenido por elementos del gabinete de Seguridad del gobierno federal y elementos de seguridad del estado de Guanajuato durante la ejecución de un cateo en el fraccionamiento Senderos de Monte Verde en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

Durante el operativo fueron asegurados 149.1 gramos de marihuana, 750.1 gramos de clorhidrato de metanfetamina, 767.1 gramos de cocaína; tres armas de fuego cortas, un arma larga, una granada,155 cartuchos y nueve cargadores, todo de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como ocho teléfonos celulares, tres tabletas electrónicas y un chaleco táctico con la leyenda de una organización criminal. 

 

Con información de: Proceso.

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Mientras el reglamento de Vialidad detalla con precisión sanciones que van desde los 700 hasta casi 5 mil pesos por infracciones como estacionarse en doble fila, no portar llanta de refacción o circular con luces apagadas, los baches, el pavimento levantado y las vialidades sin señalización continúan siendo el verdadero castigo para el ciudadano.

 

Cada bache representa un daño potencial al vehículo, y sin embargo, no hay mecanismo alguno para que el automovilista recupere el costo de una llanta, un rin o una suspensión dañada por la omisión gubernamental. Las autoridades exigen cumplimiento absoluto al reglamento, pero no ofrecen el mismo rigor cuando se trata de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura vial.

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