Cámara de Diputados da declaratoria de publicidad a reforma en materia de extorsión; pasa al Ejecutivo
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara de Diputados dio declaratoria de publicidad a la reforma que faculta al Congreso de la Unión para reformar la Ley de Extorsión, por lo que ésta pasa a la presidenta Claudia Sheinbaum para que la promulgue.
Al dar la declaratoria de publicidad a dicha reforma, se faculta al Congreso de la Unión a expedir una ley general que establezca, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en materia de extorsión.
La secretaria de la Mesa Directiva, diputada Julieta Villalpando, dio cuenta del oficio del Senado de la República sobre el cómputo de 22 votos aprobatorios, e informó que posteriormente a la declaratoria se recibieron los votos aprobatorios del Estado de México, Sonora y Tlaxcala.
Indicó que se da fe de la recepción y cómputo de 25 votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.
Con información de: Proceso.
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Multas nuevas, calles viejas
De cara al presupuesto 2026, el tema de las multas de tránsito vuelve a colocarse sobre la mesa, no sólo por las actualizaciones que se prevén en sus montos, sino por la evidente contradicción entre la severidad con que se sanciona al automovilista y la indiferencia con que se atienden las condiciones de las calles.
Mientras el reglamento de Vialidad detalla con precisión sanciones que van desde los 700 hasta casi 5 mil pesos por infracciones como estacionarse en doble fila, no portar llanta de refacción o circular con luces apagadas, los baches, el pavimento levantado y las vialidades sin señalización continúan siendo el verdadero castigo para el ciudadano.
Cada bache representa un daño potencial al vehículo, y sin embargo, no hay mecanismo alguno para que el automovilista recupere el costo de una llanta, un rin o una suspensión dañada por la omisión gubernamental. Las autoridades exigen cumplimiento absoluto al reglamento, pero no ofrecen el mismo rigor cuando se trata de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura vial.
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