Procesan al exalcade Gerardo Vargas Landeros y a ocho colaboradores por un contrato irregular

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa informó este miércoles que un juez vinculó a proceso a Gerardo Octavio Vargas Landeros, expresidente municipal de Ahome, junto a ocho de sus colaboradores, por el delito de desempeño irregular de la función pública.

En un comunicado, las autoridades estatales detallaron que entre los procesados se encuentran Antonio Humberto “N”, Gerardo Iván “N”, Héctor Adonai “N”, Fausto Rubén“N”, Judith Elena “N” y Marysol “N”, identificados como integrantes del Comité de Adquisiciones del municipio de Ahome.

Además de Genaro “N”, exsecretario del Ayuntamiento, y Cecilia “N”, quien se desempeñaba como síndica.

De acuerdo con la fiscalía, estas personas enfrentan un proceso judicial por un contrato de prestación de servicios para la recuperación del ISR de participaciones federales en los ejercicios fiscales que van del 2015 al 2021.

La FGE explicó que en 2021 los imputados presuntamente autorizaron de manera irregular el contrato con valor de 33 millones de pesos para la asesoría con una empresa; sin embargo, dicho acuerdo “debió realizarse mediante licitación pública”.

En la audiencia, el juez estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria. 

También los imputados deberán presentarse mensualmente ante la Unidad Estatal de Supervisión a Medidas Cautelares (Umeca) y tienen prohibido salir del país sin autorización, con excepción de Antonio Humberto y Gerardo Ivan "N", en esta última medida.

El pasado 30 de mayo Gerardo Vargas Landeros fue detenido en su domicilio en la ciudad de Los Mochis, el exalcalde enfrentaba cargos por abuso de autoridad, desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido público.

 

Con información de: LatinUs.

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Cada bache representa un daño potencial al vehículo, y sin embargo, no hay mecanismo alguno para que el automovilista recupere el costo de una llanta, un rin o una suspensión dañada por la omisión gubernamental. Las autoridades exigen cumplimiento absoluto al reglamento, pero no ofrecen el mismo rigor cuando se trata de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura vial.

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