Piden excluir a Yasmín Esquivel y Estela Ríos del debate sobre la prisión preventiva oficiosa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Daniel García Rodríguez, quien demandó al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por mantenerlo más de 17 años en prisión preventiva, acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a pedir que las ministras Yasmín Esquivel y Estela Ríos no puedan intervenir en el debate sobre dicha medida. 

Esta mañana, García Rodríguez acudió a la Corte acompañado por Simón Hernández León, abogado del caso, para pedir a la SCJN que reactive la discusión sobre cómo México y sus instituciones deberán cumplir con la resolución emitida a su favor por la CorteIDH en la que la prisión preventiva oficiosa fue declarada inconvencional por ser aplicada de manera automática en razón del catálogo de delitos del artículo 19 constitucional. 

Hernández León, integrante de la organización Pena Sin Culpa, explicó que solicitaron al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz que los reciba en audiencia pública, conforme al nuevo esquema establecido por la actual conformación de la Corte, para que convoque a todos los sectores involucrados en el caso, incluidas las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa en México, colegios de abogados, universidades, expertos, la ONU, etc, para fortalecer y robustecer la discusión. 

Asimismo, anunció que solicitaron audiencias con dada uno de los ministros y plantearon los impedimentos contra Estela Ríos y Yasmín Esquivel Mossa para que no intervengan en el debate del expediente de cumplimiento de sentencia internacional 3-2023 relacionado con la resolución de la CorteIDH a favor de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz. 

Ello, debido a que el expediente fue turnado a la ministra Ríos quien fue consejera jurídica de la Presidencia durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y, como tal, solicitó a la anterior conformación de la Corte que declare la subsistencia de la prisión preventiva lo que el abogado consideró como un prejuzgamiento. 

“Pobres angelitos”

“En el caso de la ministra Yasmín Esquivel-Moza, tiene el amparo directo 5-2025, que es el último recurso pendiente de Daniel García, y ella tuvo expresiones personales, subjetivas, que prejuzgan sobre la responsabilidad penal de Daniel García y Reyes Alpizar, los señaló como ‘pobres angelitos’, que qué bueno que hayan estado encerrados 17 años, porque a su consideración ellos son responsables de un crimen”, explicó el abogado. 

Las declaraciones referidas por Hernández son las que la ministra Esquivel emitió durante su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2022 en la que habló sobre el debate que estaba aún pendiente en ese momento ante la CorteIDH. 

“El caso que está en este momento en debate en la Corte Interamericana de Derechos Humanos es hemos escuchado que estuvieron 16 años en prisión, estos angelitos estuvieron 16 años en prisión y que además de los 16 años en prisión se les torturó y además quiero comentarles que hace más de 20 años el padre de la víctima María de los Ángeles ha estado exigiendo justicia, exigiendo justicia en todas las instancias, es una víctima del asesinato de su hija, una joven abogada de 27 años que había salido un estudiante con excelencia que la asesinaron, era regidora del Partido Acción Nacional, la asesinaron en la puerta de su casa a sangre fría porque ella denunció la corrupción de las bandas delincuenciales de Atizapán”, dijo la ministra. 

En sus declaraciones, Esquivel Mossa explicó que García y Alpízar no recibieron sentencia durante el tiempo que habían permanecido en prisión preventiva porque su defensa tramitó más de 100 recursos de apelación y juicios de amparo, lo que impidió que la entonces juez penal, Estela Fuentes, hoy magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX y allegada a la ministra, emitiera su resolución. 

“El abogado de ellos recurría permanentemente lo que le impedía al juez local del Estado de México durante 16 años, de los cuales 10 aproximadamente, la jueza Estela Fuentes, tuvo el asunto y no pudo dictar sentencia”, comentó. 

“Después de 16 años se determinó que habían sido responsables por el delito de homicidio, se les condena a 35 años de prisión. Ahorita están en apelación pero ya un juez federal determinó que se fueran en libertad con un brazalete, el papá sigue exigiendo justicia hoy después de 20 años, están ellos con un brazalete pidiendo una indemnización al Estado mexicano para que les pague (…) Es muy fácil perder la memoria y decir pobrecitos que se les pague porque los tuvimos 16 años en prisión pero 16 años porque ellos impedían que se emitiera la sentencia para que se pudieran ellos compurgar su pena”. 

Daniel García Rodríguez comentó, luego de presentar sus peticiones ante la SCJN, que buscan hacer un llamado de atención a los ministros sobre las repercusiones de la aplicación de la prisión preventiva de manera oficiosa pues consideró que bajo esta figura los ministerios públicos se han constituido en jueces de facto y la han utilizado como una herramienta de extorsión. 

“Ante la falta de la mediación de un órgano jurisdiccional, pues los agentes del Ministerio Público han encontrado un gran negocio y han establecido desde las barandillas del Ministerio Público, pues la posibilidad de encontrar la libertad o pasar meses o años en la cárcel a partir de extorsiones a abogados y a los propios indiciados”, refirió. 

Con información de Proceso.