Pese a detención de Hernán Bermúdez, no hay investigación abierta contra Adán Augusto: Luisa Alcalde
VILLAHERMOSA, Tab., (apro) .- Aunque aseguró que hasta el momento no hay ninguna queja en contra del senador Adán Augusto López Hernández por el caso de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser líder de un grupo criminal, la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, precisó que cualquier militante puede querellarse en contra del exgobernador de Tabasco ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia de su partido si considera que violentó los estatutos y principios partidistas.
De gira por Tabasco, la tierra del expresidente Andrés Manuel López Obrador y del titular de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, la lideresa dijo que no conoce de alguna queja contra quien fue secretario de Gobernación en el sexenio anterior, cuando se fundó el cártel de La Barredora, el cual, según las autoridades, era dirigido por el funcionario nombrado por López Hernández.
Reiteró que no hay ninguna investigación abierta contra el senador, pese a detención de Hernán Bermúdez, y señaló que "una cosa es que no haya impunidad", pero que se necesitan pruebas para incriminar a López Hernández.
Agregó que si existieran elementos entonces sí podría iniciarse la carpeta de investigación.
Con información de Proceso.
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Multas nuevas, calles viejas
De cara al presupuesto 2026, el tema de las multas de tránsito vuelve a colocarse sobre la mesa, no sólo por las actualizaciones que se prevén en sus montos, sino por la evidente contradicción entre la severidad con que se sanciona al automovilista y la indiferencia con que se atienden las condiciones de las calles.
Mientras el reglamento de Vialidad detalla con precisión sanciones que van desde los 700 hasta casi 5 mil pesos por infracciones como estacionarse en doble fila, no portar llanta de refacción o circular con luces apagadas, los baches, el pavimento levantado y las vialidades sin señalización continúan siendo el verdadero castigo para el ciudadano.
Cada bache representa un daño potencial al vehículo, y sin embargo, no hay mecanismo alguno para que el automovilista recupere el costo de una llanta, un rin o una suspensión dañada por la omisión gubernamental. Las autoridades exigen cumplimiento absoluto al reglamento, pero no ofrecen el mismo rigor cuando se trata de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura vial.
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