Saqueo institucional supera los 600 mil mdp, Ley Aduanera no combate corrupción: Mario Vázquez
- No combate a los verdaderos responsables del huachicoleo moderno.
“Mientras el oficialismo celebra reformas maquilladas, México sigue siendo víctima de un saqueo institucional silencioso”, denunció el Senador del PAN, Mario Vázquez, al referirse a la reciente aprobación de la nueva Ley Aduanera promovida por la mayoría oficialista de Morena, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
El legislador por Chihuahua advirtió que esta reforma, lejos de resolver el problema estructural del contrabando, deja intactos los intereses de funcionarios vinculados a redes de corrupción, especialmente en el robo y tráfico ilegal de combustibles, conocido como huachicoleo fiscal.
Vázquez aseguró que el saqueo a la nación supera ya los 600 mil millones de pesos, lo que representa más de cuatro años del presupuesto de la Guardia Nacional, o bien, la construcción de más de 200 hospitales o 20 mil escuelas en todo el país.
“No sólo se roba gasolina. Se roba desde la ley. Desde los sellos oficiales, los permisos entregados con complicidad, las redes que se disfrazan de legalidad. Eso es el huachicoleo moderno, y está más vivo que nunca”, señaló.
Aunque reconoció que algunas reformas en materia aduanera son necesarias, Vázquez denunció que la nueva ley carece de dientes, y no toca a las estructuras de complicidad que han operado desde hace años dentro del aparato gubernamental.
“De nada sirve modernizar leyes si no se moderniza la honestidad del sistema. ¿Para qué una nueva norma si las mismas redes corruptas siguen infiltradas en aduanas, puertos y oficinas públicas?”, cuestionó el legislador.
El senador advirtió que lo que se ha instalado en el país es una estructura paralela al Estado, donde lo ilegal se legaliza por omisión y complicidad. Grupos organizados operan desde las sombras, utilizando la ley como escudo y los permisos como moneda de cambio.
“Desde las fronteras hasta los puertos, estas redes actúan con el aval, o al menos la permisividad, de quienes deberían proteger el interés público. Y ahora el oficialismo quiere simular que combate el problema con una ley que no toca lo esencial”, expresó.
El senador panista fue claro: México no puede seguir sosteniéndose sobre estructuras capturadas por mafias ni sobre instituciones cooptadas por intereses particulares. “Esto no se trata sólo de castigar, sino de cambiar la historia. De recuperar lo que es del pueblo. De dejar atrás este saqueo del siglo que ha deformado el rostro de nuestra nación”, sostuvo.
Vázquez hizo un llamado a no guardar silencio ante lo que calificó como una traición al país disfrazada de legislación moderna. “Hoy alzamos la voz porque callar sería traicionar a México. No hay reforma válida si no hay justicia real. Nuestro país merece otra historia. Una donde lo público no sea botín. Una donde la ley no sirva a los poderosos, sino a los justos”.
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De acuerdo al Grupo Parlamentario de Morena, se entenderán como actos lesivos para la integridad, independencia, libertad y autenticidad en materia electoral, cuando sean cometidos por estos grupos o entes vinculados a ellos o a intereses extranjeros, entre otros:
I. La injerencia en los procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital o sometimiento a intereses extranjeros;
II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;
III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;
IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;
V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.
VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.
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