Senado ratifica a magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa; advierten cercanía con Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Senado de la República ratificó a cinco magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un periodo de 15 años improrrogables a partir del 1 de noviembre de 2025. 

Durante la discusión en el Pleno sobre las ratificaciones, los senadores oficialistas con 82 votos a favor, 34 en contra y una abstención ratificaron a Ariadna Camacho Contreras, Selene Cruz Alcalá, Ludmila Valentina Albarrán Acuña, Eduardo Santillán Pérez y José Ramón Amieva Gálvez como magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

Posteriormente, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, tomó la protesta a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Miguel Ángel Yunes Márquez, argumentó que estos ciudadanos cumplen con los requisitos de idoneidad, legales y técnicos, además de que, con ellos, la titular del Ejecutivo Federal demuestra su compromiso de contar con los mejores perfiles en la administración pública. 

Sin embargo, la senadora del PRI, Claudia Edith Anaya Mota presentó una moción suspensiva al afirmar que los magistrados pertenecen al grupo político oficialista, además de no cumplir un punto importante del artículo 45 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: Contar con buena reputación y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. 

“Si ustedes se ponen a stalkear en Google a estas personas, digo, no es que yo los esté señalando de nada, pero si ustedes se ponen a stalkear en las redes sociales lo que sale de estas personas, particularmente de los dos hombres, los vinculan a temas de giros negros, trata de personas, corrupción, desvío de recursos públicos. Digo, si esa es la buena fama pública, cuál es la mala fama pública. 

“También ellos, todos ellos, provienen de un mismo grupo político, del grupo político que ha gobernado la capital de este país por los últimos 30 años, e incluso, cuando a alguno de ellos se les preguntó por su militancia partidaria dijo que él no negaba la cruz de su parroquia. 

“Eso habla no solamente del descaro de ustedes, sino del cinismo de ellos de decir, poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial son de un mismo grupo político, no hay división de poderes en este país”, explicó. 

Con información de Proceso. 

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I. La injerencia en los procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital o sometimiento a intereses extranjeros;

II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;

III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;

IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;

V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.

VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.

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