Impulsa SSPE participación ciudadana con red de comerciantes del Sendero Seguro
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo una reunión con las redes de comerciantes de la Central de Abastos, con el objetivo de explicar el alcance de esta estrategia estatal de seguridad, como parte de las acciones de prevención y vinculación comunitaria del programa Sendero Seguro.
Durante el encuentro, personal de la SSPE presentó los objetivos del programa que, por instrucciones del secretario Gilberto Loya, están enfocados en recuperar espacios públicos, promover la denuncia y generar entornos seguros para niñas, niños, adolescentes y mujeres, mediante la cooperación entre sociedad y gobierno.
Además, se impartió una capacitación sobre el uso del portal de Denuncia Digital de la Fiscalía General del Estado, y se brindó una sensibilización en materia de detección y atención a víctimas de trata de personas, con el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El programa Sendero Seguro, como una política pública de largo alcance, promueve la colaboración activa de sectores sociales y empresariales, fortaleciendo la seguridad y la prevención desde el entorno comunitario.
En dicha actividad participaron Rosa Isela Gaytán Díaz, subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito; Teresa Castillo, presidenta de la Unión de Comerciantes de la Central de Abastos; y Daniel López, director de Innovación de la Fiscalía General del Estado, quienes coincidieron en que la prevención comienza con la participación activa de la ciudadanía.
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De acuerdo al Grupo Parlamentario de Morena, se entenderán como actos lesivos para la integridad, independencia, libertad y autenticidad en materia electoral, cuando sean cometidos por estos grupos o entes vinculados a ellos o a intereses extranjeros, entre otros:
I. La injerencia en los procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital o sometimiento a intereses extranjeros;
II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;
III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;
IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;
V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.
VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.
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