Pese a que autoridades niegan incidentes, habitantes de Nonoava denuncian miedo y violencia
A pesar de los desmentidos oficiales, la tensión en el municipio de Nonoava y en el corredor que conecta a Gran Morelos con Guachochi continúa creciendo. Habitantes de la región reportaron este jueves una serie de hechos violentos, entre ellos enfrentamientos y vehículos calcinados, lo que ha provocado el cierre total de comercios, suspensión de clases y el confinamiento de la población en sus viviendas.
De acuerdo con testimonios de vecinos, se registraron balaceras en distintas zonas del municipio y sobre la carretera que conduce hacia Guachochi. También se menciona la presencia de convoyes armados y de unidades militares que habrían arribado durante las últimas horas.
Aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente el número de víctimas ni la magnitud de los enfrentamientos, fuentes locales aseguran que la comunicación con algunas comunidades permanece interrumpida y que las autoridades estatales han restringido el flujo de información.
El fiscal de distrito zona Occidente, Juan Carlos Portillo, había declarado previamente que no existía un toque de queda, asegurando que los operativos desplegados corresponden a recorridos de vigilancia conjunta entre los tres niveles de gobierno.
Sin embargo, la realidad que describen los pobladores contrasta con la versión oficial: Nonoava luce como un pueblo fantasma, con escuelas y negocios cerrados, calles vacías y una sensación generalizada de miedo.
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De acuerdo al Grupo Parlamentario de Morena, se entenderán como actos lesivos para la integridad, independencia, libertad y autenticidad en materia electoral, cuando sean cometidos por estos grupos o entes vinculados a ellos o a intereses extranjeros, entre otros:
I. La injerencia en los procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital o sometimiento a intereses extranjeros;
II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;
III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;
IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;
V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.
VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.
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