IFT se despide y cierra sus cuentas en redes sociales tras su desaparición
Desde este viernes 17 de octubre, las cuentas en redes sociales del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) quedaron inactivas y terminó la atención a las personas usuarias por estos medios.
En un comunicado publicado la tarde de ayer, el organismo indicó que durante más de una década trabajó con firmeza, independencia y compromiso para impulsar el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión, promoviendo la competencia, la conectividad y la protección de los derechos de las audiencias y usuarios en beneficio de todo el país.
"Nos despedimos con orgullo por lo construido y con un profundo agradecimiento a la sociedad por la confianza depositada en este órgano regulador", dijo.
Además, deseó el mayor de los éxitos a las autoridades que próximamente asumirán la responsabilidad de regular los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, así como de garantizar la competencia económica en México.
Recientemente, el Senado de la República ratificó a los integrantes del pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, órgano que sustituirá y atraerá las funciones del IFT, entre los que se encuentran Ledénika Mackensie Méndez González, María de las Mercedes Olivares Tresgallo, Adán Salazar Garibay, Tania Villa Trápala y Norma Solano Rodríguez.
Con información de Informador.mx
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Multas nuevas, calles viejas
De cara al presupuesto 2026, el tema de las multas de tránsito vuelve a colocarse sobre la mesa, no sólo por las actualizaciones que se prevén en sus montos, sino por la evidente contradicción entre la severidad con que se sanciona al automovilista y la indiferencia con que se atienden las condiciones de las calles.
Mientras el reglamento de Vialidad detalla con precisión sanciones que van desde los 700 hasta casi 5 mil pesos por infracciones como estacionarse en doble fila, no portar llanta de refacción o circular con luces apagadas, los baches, el pavimento levantado y las vialidades sin señalización continúan siendo el verdadero castigo para el ciudadano.
Cada bache representa un daño potencial al vehículo, y sin embargo, no hay mecanismo alguno para que el automovilista recupere el costo de una llanta, un rin o una suspensión dañada por la omisión gubernamental. Las autoridades exigen cumplimiento absoluto al reglamento, pero no ofrecen el mismo rigor cuando se trata de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura vial.
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