Imperio inmobiliario estilo 4T: el director de Aduanas tiene condominio de lujo en Cancún
Rafael Marín Mollinedo, recientemente nombrado titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, tiene un departamento de 15.5 millones de pesos en Shark Tower, un complejo de lujo de 20 pisos con tres albercas, marina y campo de golf, inaugurado en Cancún, en 2022.
Se trata de una de las 10 propiedades que tiene en esa ciudad, de las cuales, no aparecen cinco en su declaración patrimonial, de acuerdo con registros consultados porLatinus.
Marín Mollinedo es uno de los hombres más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Formó parte de su gobierno en la capital del país y cuando llegó a la presidencia, ocupó varios cargos, entre ellos, la dirección general de la Agencia Nacional de Aduanas de México en 2022, cuando ya operaba la red de "huachicol" fiscal.
Sólo estuvo en el cargo siete meses y renunció para irse como representante de México ante la Organización Mundial de Comercio.
La presidenta Claudia Sheinbaum lo nombró nuevamente al frente de las Aduanas del país, a unas semanas de revelar la millonaria red de tráfico de "huachicol" fiscal.
Con información de Latinus.
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Multas nuevas, calles viejas
De cara al presupuesto 2026, el tema de las multas de tránsito vuelve a colocarse sobre la mesa, no sólo por las actualizaciones que se prevén en sus montos, sino por la evidente contradicción entre la severidad con que se sanciona al automovilista y la indiferencia con que se atienden las condiciones de las calles.
Mientras el reglamento de Vialidad detalla con precisión sanciones que van desde los 700 hasta casi 5 mil pesos por infracciones como estacionarse en doble fila, no portar llanta de refacción o circular con luces apagadas, los baches, el pavimento levantado y las vialidades sin señalización continúan siendo el verdadero castigo para el ciudadano.
Cada bache representa un daño potencial al vehículo, y sin embargo, no hay mecanismo alguno para que el automovilista recupere el costo de una llanta, un rin o una suspensión dañada por la omisión gubernamental. Las autoridades exigen cumplimiento absoluto al reglamento, pero no ofrecen el mismo rigor cuando se trata de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura vial.
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