El Asesinato de Carlos Manzo: La Gota que Derramó el Vaso en Michoacán

Pulso Ciudadano
Lic. Armando Garay

El asesinato del alcalde electo de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido apenas el pasado sabado, representa uno de esos momentos en que la acumulación de violencia política en México alcanza un punto de ruptura simbólica. Es, literalmente, la gota que derramó el vaso, no porque sea el primer crimen de este tipo ni el más brutal, sino porque condensa en un solo acto la crisis terminal del Estado mexicano en ciertas regiones del país y la normalización perversa de una violencia que ya no sorprende sino que apenas genera un suspiro colectivo de resignación.

Michoacán lleva años siendo laboratorio del fracaso estatal. Las autodefensas, los cárteles fragmentados, la corrupción endémica, los alcaldes asesinados que se cuentan por docenas, la militarización permanente que no resuelve nada: todo eso ya estaba en el vaso. Manzo es simplemente la gota final que hace evidente lo que todos sabíamos pero preferíamos no mirar de frente: hay regiones de México donde el monopolio de la violencia legítima del Estado es una ficción, donde ganar una elección democrática puede ser tu sentencia de muerte, y donde el crimen organizado ejerce una soberanía de facto que ningún discurso oficial puede ya ocultar.

Lo verdaderamente obsceno del caso Manzo no es solo su asesinato, sino todo lo que ese crimen revela sobre la arquitectura de impunidad que lo hizo posible. ¿Dónde estaban los esquemas de protección? ¿Cómo es posible que un alcalde electo, en un municipio notoriamente peligroso, no contara con seguridad adecuada? ¿Quién decidió que su vida no valía la inversión en protección? Estas preguntas no tienen respuestas satisfactorias porque las respuestas reales son demasiado incómodas: el Estado ya no controla esos territorios y ha decidido, tácitamente, que es más conveniente administrar el caos que enfrentarlo.

La metáfora del vaso derramado funciona aquí en múltiples niveles. Primero, está el vaso de la violencia acumulada. Cada alcalde asesinado, cada candidato ultimado en campaña, cada funcionario municipal que renuncia por amenazas, es una gota más. Hemos normalizado cifras que en cualquier democracia funcional serían consideradas un colapso del orden constitucional. Según datos de diversas organizaciones civiles, el proceso electoral 2023-2024 fue uno de los más violentos en la historia reciente, con decenas de candidatos asesinados. Manzo se suma a una lista que ya nadie puede memorizar completa. El vaso estaba lleno hace tiempo; solo necesitábamos una gota más para ver el desbordamiento.

Segundo, está el vaso de la credibilidad institucional. Cada promesa incumplida de "pacificación", cada estrategia de seguridad que fracasa, cada discurso presidencial que minimiza la violencia ("ya no hay masacres"), es otra gota. La muerte de Manzo ocurre en un contexto donde el gobierno federal insiste en que la estrategia de "abrazos, no balazos" está funcionando, donde las cifras oficiales de homicidios se maquillan, donde la militarización crece pero la violencia también. La contradicción entre el discurso y la realidad ya no cabe en el vaso; se derrama constantemente y todos fingimos no ver el charco.

Tercero, y quizá más importante, está el vaso de la paciencia social. Los ciudadanos de Uruapan, de Michoacán, de tantas regiones del país, han soportado años de violencia, extorsión, desapariciones, asesinatos. Han visto cómo el Estado oscila entre la ausencia total y la presencia brutal pero ineficaz. Han intentado organizarse, las autodefensas son prueba de eso, solo para ser cooptados, reprimidos o infiltrados por los mismos grupos criminales que combatían. La muerte de Manzo no es solo el asesinato de un alcalde; es el recordatorio sangriento de que participar en política local puede costarte la vida, que el sistema democrático no puede garantizar lo más básico: que puedas ejercer un cargo para el que fuiste electo.

El asesinato de Carlos Manzo debería ser un parteaguas, el momento en que finalmente reconocemos que el vaso ya se derramó y que seguir fingiendo que todo está bajo control es criminal. Debería llevarnos a repensar radicalmente las estrategias de seguridad, a exigir protección real para autoridades electas en zonas de riesgo, a cuestionar si tiene sentido seguir realizando elecciones en territorios donde el crimen organizado dicta quién vive y quién muere. Debería, pero probablemente no lo hará. Porque la verdad es que el vaso se viene derramando hace años y hemos aprendido a vivir con los pies mojados, pretendiendo que es normal, que es inevitable, que no hay nada que hacer.

Uruapan seguirá necesitando un alcalde. Alguien tendrá que asumir el cargo que Manzo nunca pudo ejercer. Y esa persona sabrá, como Manzo sabía, que su vida está en riesgo. El vaso seguirá llenándose, y eventualmente, otra gota lo derramará de nuevo. Y seguiremos contando muertos mientras debatimos estrategias que nunca se implementan y soluciones que nunca llegan. Esa es la tragedia mexicana: no que el vaso se derrame, sino que sigamos llenándolo. Al tiempo.

Tips al momento

Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?

Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.

Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.

Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.

Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.


EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.

Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las  investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta  penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.

Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que  otro de mayor rango está próximo a perderla.

Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.

Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.

La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como  la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por  La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

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Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.

Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.

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Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que  otro de mayor rango está próximo a perderla.

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