Entre marchas adulteradas y deudas pendientes

En días recientes han tenido lugar en nuestro país dos sucesos que, aunque de diferente naturaleza, guardan entre sí diversos hilos conductores que valen la pena analizar, sobre todo por el posicionamiento que intentan reflejar frente al Gobierno Federal.

En primer lugar, la denominada marcha de la Generación Z, que tuvo lugar el pasado sábado 15 de noviembre y de la cual en los últimos días se han estado desprendiendo conclusiones interesantes, las cuales hacen tambalear la “motivación social” detrás de este naciente movimiento. En segundo término, tenemos la resolución de pago de diversos créditos fiscales impuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Grupo Salinas.

Pero vámonos por partes, primero una obviedad; hay que decir que el derecho a la manifestación pública es una de las libertades más importantes que tenemos los ciudadanos. No por nada constituye un derecho de los denominados de primera generación, y en nuestro país está tutelado, conjuntamente, por los artículos 6, 7 y 9 de la Constitución, además de diversos instrumentos internacionales de derechos.

Desde este espacio siempre reivindicaremos el derecho a la protesta, pero esto no implica dejar de ser críticos frente a cualquier acto de manifestación pública, sea cual sea.

La movilización en cuestión se amparaba inicialmente en un hecho legítimo: la indignación por el vil asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán; el décimo homicidio de un alcalde en funciones en un periodo de poco más de un año en el país, algo que desde luego orilla a la manifestación.

Pero más temprano que tarde, se empezó a politizar la indignación de este hecho por la oposición: tanto así que tomaron el nombre de otro movimiento más reducido e impulsado por jóvenes, y se fijó la fecha de movilización hasta el 15 de noviembre, a dos semanas del hecho; algo contrario a la espontaneidad que caracteriza a las movilizaciones sociales. ¿Por qué esa fecha en específico? Pues nadie ha dado una razón sólida, por lo cual se presume que se buscaría empalmar con las celebraciones del 20 de noviembre, segundas en importancia para el patriotismo mexicano.

Lo anterior no es una suposición improvisada, pues se ha fijado una segunda movilización ahora sí, el mismísimo 20 de noviembre, lo cual demuestra la postura confrontativa y política de esta corriente, probablemente porque los propósitos de la marcha inicial no se alcanzaron.

Pronto jóvenes del movimiento inicial se deslindaron de las convocatorias del 15 y 20 de noviembre, y subrayaron que éstas últimas fueron orquestadas por personas ligadas a la oposición. Algo muy interesante.

Lo anterior quedó evidenciado por muchas razones: desde la edad promedio de los asistentes muy por encima del rango de la Generación Z, los actos de violencia en lo que era una protesta pacífica, la exhibición de contratos suscritos por el panismo a impulsores de la marcha (destaca el caso de Edson Andrade, con un contrato de más de 2 millones de pesos), que entre los más instigadores del sábado se encuentren delegados locales del PAN en CDMX, la asesoría legal que el PRI ofreció gratuitamente  a los detenidos en la marcha, así como el incesante respaldo al movimiento, tanto en público como en lo privado, de la cúpula política y empresarial que se opone al oficialismo.

Entre los empresarios que más destacaron su respaldo a esta serie de actos, se encuentra Ricardo Salinas Pliego, una de las voces más críticas del actual gobierno y a quien, como decíamos, la SCJN le ha ordenado pagar al SAT, más de 48,000 millones de pesos en impuestos y recargos acarreados durante años.

La deuda al fisco no podía retrasarse más: 28 recursos, 13 recursos de reclamación, 3 Solicitudes de Ejercicio de Facultad de Atracción, 10 impedimentos, 2 conflictos competenciales fueron parte de la estrategia de dilaciones al proceso del moroso en comento, el quinto hombre más rico del país y un conocido despotricador antiderechos.

A la clase empresarial se le olvida que no son ellos en quienes recae la mayor carga impositiva del país: ese peso lo sostiene la clase trabajadora, y aun así se valen de todos los recursos posibles para incumplir sus obligaciones fiscales, como sí las cumplimos el resto de mexicanos y mexicanas de a pie. Por el bien público, hay que reconocer a las autoridades por hacer cumplir una obligación que debería ser hecha de buena fe.

No por nada Salinas Pliego sostiene que la desigualdad social es una condición natural del ser humano y se opone a las políticas que buscan reducir estas diferencias. En síntesis defiende que los pobres sigan pobres y los ricos más ricos, aún si eso supone no pagar lo que deben al Estado.

No sorprende pues, cómo un movimiento que en teoría era inicialmente social se vio rápidamente secuestrado por personajes políticos y empresariales opositores, quienes en cuestión de días mancharon las posiblemente bien intencionadas motivaciones que le daban origen; pues quieren recuperar el poder y seguir incumpliendo sus obligaciones cómodamente, algo que ya no pueden hacer.