El Congreso del Estado de Chihuahua llevó a cabo una mesa de diálogo sobre la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la expedición de la nueva Ley General de Aguas, con el objetivo de abrir espacios de participación y análisis sobre el marco legal que regula el uso y distribución del agua en México. En el arranque de la sesión se dio la bienvenida a diputadas, diputados e invitados, entre ellos el presidente del Congreso del Estado Guillermo Ramírez del PRI, Arturo Medina, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Octavio Boruna, del Partido Verde, el senador Mario Vázquez, María Angélica Granados, diputada federal por el Distrito 6, Rocío González, diputada federal, Óscar Avitia, diputado de Morena, Jorge Soto y Arturo Zubia, legisladores del PAN, Jaime Torres, también del PAN, Alma Portillo de MC, Roberto Carrión, representante del distrito de Delicias, Yesenia Reyes, diputada del Distrito 1, Saúl Mireles Corral del Distrito 14, e Ismael Pérez Pavía, diputado local y agricultor y Alfredo Lozoya diputado federal de MC. Además, participaron de forma virtual legisladores como Alejandro Domínguez, diputado federal del PRI.
Antes de iniciar las intervenciones se explicó la metodología de trabajo y se dieron a conocer los justificantes de legisladores de Morena que no pudieron asistir. Destacó el oficio de la senadora Andrea Chávez Treviño, quien agradeció la invitación y explicó que, por actividades legislativas en la Ciudad de México y una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, no le fue posible acudir; sin embargo, aseguró que en el Senado escuchará las inquietudes de los productores cuando la iniciativa llegue a revisión.
La primera participación estuvo a cargo de Alexa Jiménez, integrante de Agricultores Unidos de Chihuahua, quien agradeció el esfuerzo de los productores por asistir y expresó su preocupación por lo que calificó como una iniciativa presentada con premura y sin diálogo suficiente. Señaló que, más que discutir ajustes, los agricultores solicitan que la propuesta sea retirada para abrir un proceso de análisis sin presiones.
Jiménez expuso los principales riesgos que, a juicio del sector productivo, genera la reforma: pérdida de concesiones mediante procedimientos discrecionales, centralización del control del agua, falta de certeza jurídica ante la ausencia de reglamentos, criminalización del agricultor, prohibición de la transmisión de derechos que afecta al patrimonio familiar, trámites inconclusos o negados y posibles afectaciones a la seguridad alimentaria y al valor productivo de la tierra.
Concluyó llamando a diputadas y diputados a representar los intereses del pueblo de Chihuahua por encima de cualquier línea partidista y a votar en contra de la iniciativa en su forma actual, al considerar que pone en riesgo la producción agrícola y la subsistencia de miles de familias en el estado.