Fiscalía de Guanajuato reconoce hackeo a sus sistemas informáticos y robo de información
Quince días después de que el grupo de hackers identificado como Tekir APT reveló que secuestró información de bases de datos de la Fiscalía General de Justicia de estado, la reconoció que sufrió una “intrusión no autorizada” en sus sistemas informáticos.
Aunque la institución insistió en que la información que tiene “no está en riesgo”.
Tras la revelación del hackeo en forma de ransomware (secuestro de datos) y la exigencia de un pago el 8 de noviembre por el presunto grupo de hackers, el jueves 20 comenzó a circular en foros de ciberdelincuencia información de diversas bases de datos de la Fiscalía guanajuatense, como registro de autos robados, imágenes forenses e imágenes de cámaras de vigilancia en las propias instalaciones, entre otras.
Esta sustracción ha sido considerada por expertos en ciberseguridad como uno de los incidentes en este rubro más graves de los últimos años, por la información sensible que maneja la Fiscalía, aunque no ha sido la única hackeada en años recientes, pues esto ha ocurrido a otras fiscalías como la de Nuevo León y la de Chihuahua.
Incluso, hay quienes no descartan que se trate de un ataque producido internamente, como lo ha señalado el periodista especializado en ciberseguridad Ignacio Gómez Villaseñor.
Tekir APT difundió que obtuvo alrededor de 250 giga bytes de información, que incluye datos del personal, correos internos, carpetas de investigación, peritajes y bases de datos que comprometen a corporaciones de policía municipales, entre otros.
Finalmente, tras haberlo negado mediante comunicados y en declaraciones del propio fiscal Gerardo Vázquez Alatriste, finalmente el sábado 22 mediante un comunicado la Fiscalía admitió que conoció del “incidente” desde el día 8 y que inició una carpeta de investigación por la “intromisión no autorizada” a sus servidores.
“El Ministerio Público agotará todas las líneas de investigación resultantes sin escatimar esfuerzos técnicos, físicos, forenses, tecnológicos o de cualquier otra índole, hasta esclarecer plenamente los hechos. Los avances se darán a conocer en la medida en que sea factible y sin comprometer el debido desarrollo de la investigación”, señaló la FGE.
También explicó que, “como respuesta inmediata” se realizaron análisis técnicos y forenses de infraestructura, sistemas y bases de datos “para determinar con precisión el origen, la naturaleza y el alcance del incidente”, así como activación de protocolos de contención, aislamiento y mitigación “incluyendo la desconexión inmediata de equipos potencialmente afectados y la revisión de accesos privilegiados”.
Y además de iniciar una carpeta de investigación, también se notificó a “autoridades competentes en materia de ciberseguridad” para que se realizara una revisión independiente, así como de “fortalecimiento de mecanismos de protección de información sensible”.
La Fiscalía aseguró que la información personal de la ciudadanía no está en riesgo, e incluso que la información que se mostró y circula públicamente (en los foros de ciberdelincuencia, según se dio a conocer el jueves 20) “ya fue restablecida”, sin que se precise qué significa.
Con información de Proceso
Tips al momento
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
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