Revés a los trabajadores: Lenia Batres propone reducir dinero de indemnización por muerte

Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se encuentra bajo una nueva polémica al buscar reducir a los trabajadores la prestación de indemnizaciones derivadas del fallecimiento.

La disputa central es si la compensación económica debe calcularse con base en el Salario Mínimo, actualmente ubicado en 278.80 pesos; o mediante la UMA ((Unidad de Medida y Actualización), de 113.14 pesos; esta última siendo la unidad impulsada por Batres Guadarrama, lo que reducirá gravemente la compensación por muerte.

Este criterio, ha generado preocupación entre los sectores que buscan una reparación integral y justa para las víctimas de daños y sus familias, ya que se argumenta que el uso de la UMA afecta el monto final de las compensaciones, perjudicando económicamente a los trabajadores y sus herederos.

Lania Batres proyecto indemnización

Foto: SCJN

¿Cuánto recibirían de indemnización?

Según los cálculos la indemnización por muerte con base en UMAS, que es el criterio propuesto por Batres, sería de 566 mil 700 pesos, derivado de la unidad multiplicado por los 5 mil días que señala la Ley Federal del Trabajo.

Por otro lado, según el Salario Mínimo de 278.80 pesos, multiplicado por los 5 mil días, la compensación sería de 1 millón 394 mil pesos.

No obstante, la referencia al cuádruplo del salario mínimo es un elemento central de la contradicción entre las Primera y Segunda Salas y el motivo por el cual se hizo la reforma al Código Civil Federal que dio origen a este conflicto.

  • Primera sala: cuádruplo del salario mínimo
  • Segunda sala: cuádruplo de la UMA

La contradicción que afecta a las víctimas

La contradicción de criterios 59/2025 surgió de la disparidad entre los enfoques de las entonces Primera y Segunda Salas de la SCJN. El problema jurídico central fue determinar si la cuantificación de la indemnización por muerte debía basarse en el Salario Mínimo vigente o en la UMA.

El criterio planteado por la ministra al Pleno, a discutirse el jueves 27 de noviembre, declara que el pago de la indemnización por causa de muerte debe calcularse con base en la Unidad de Medida y Actualización. Esta postura se justifica en que la desindexación del salario mínimo, ordenada por la reforma constitucional de 2016, prohíbe su uso como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza laboral.

En su proyecto, la ministra Batres ignora la finalidad de la indemnización civil de reparar el lucro cesante (pérdida de la capacidad productiva), un concepto que, según el criterio opuesto de la extinta Primera Sala, está ligado a la naturaleza del salario mínimo.

La Primera Sala había argumentado previamente que si lo que se compensa es una capacidad de trabajo perdida, tiene sentido atender al salario mínimo como base de cuantificación, pues la UMA, al no tener relación con la capacidad productiva, distorsionaría la pretensión reparadora de la norma.

El proyecto de la ministra Batres desvincula el daño patrimonial del salario mínimo y parece favorecer la “viabilidad económica” de los responsables, como las aseguradoras y empresas de transporte, sobre la necesidad de asegurar una compensación suficiente que permita a las víctimas una reparación del daño por la pérdida de un familiar.

La ministra Lenia Batres había prestando originalmente este asunto al Pleno el pasado 2 de octubre. Sin embargo, ella misma lo retiró de la lista de discusión para escuchar a los opositores y debido a las dudas manifestadas por ministras y ministros respecto al criterio, pero el proyecto enlistado para el próximo jueves es el mismo publicado a inicios del mes pasado.

Con información de Político.mx

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Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?

Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.

Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.

Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.

Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.


EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.

Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las  investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta  penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.

Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que  otro de mayor rango está próximo a perderla.

Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.

Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.

La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como  la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por  La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

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