Militares en retiro marchan del Ángel al Zócalo; reprochan aumento de cuatro por ciento

Militares en retiro acompañados de familiares marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México reprocharon que el incremento al 4% a sus percepciones mensuales, anunciados recientemente por el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFAM) no cubre sus necesidades de subsistencia.

Durante la marcha, entre los que se encontraban militares que usaban bastón o muletas para moverse y en la que se enarbolaron pancartas también por personal castrense que se encuentran en calidad de desaparecidos o que fueron asesinados, enfatizaron sobre la falta de medicamentos y deficiencias en la atención médica.

Al llegar a la plancha del zócalo, sin obstáculos ni vallas metálicas que se los impidieran, los militares extendieron sus pancartas frente a Palacio Nacional, y leyeron a la concurrencia el pliego petitorio que se entregó en la oficialía de partes de Palacio Nacional.

En el documento, los militares solicitaron  una “Mesa Nacional de Diálogo” con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), ISSFAM y representantes de personal militar en situación de retiro para dar seguimiento al pliego petitorio.

En sus demandas, los militares en  retiro señalaron que sus derechos y beneficios como retirados “siguen siendo vulnerados por ineficiencias recurrentes en el servicio de atención médica, trámites administrativos, incremento anual conforme a la inflación económica, haberes de retiro y otros apoyos económicos”.

Los militares retirados exigieron un “aumento paralelo de haberes de retiro y pensiones (…) que no sea menor al 10%”, y que para el próximo año el incremento anual “no sea menor al 6% que garantice el mínimo vital, atendiendo la pérdida del poder adquisitivo de conformidad con el principio de progresividad”.

Asimismo, solicitaron el incremento en pensiones y haber de retiro para militares y sus derechohabientes, de quienes han perdido la vida o han quedado discapacitados por actos de servicio, ya que en promedio un soldado incapacitado por actos de servicio percibe al mes 7 mil 940 pesos, dejándolos en “estado de precariedad, aunado a que, por la propia discapacidad física o mental, los imposibilita para ocuparse en otro empleo”.

Al exigir creación de fuentes de trabajo para quienes sufrieron alguna discapacidad en el servicio, pidieron la digitalización y automatización de las ayudas de “marchas, órdenes de pasajes, otorgamiento de becas”, entre otros. Además, los militares exigieron mantener el salario íntegro del militar retirado cuando fallezca, pues se reduce hasta en un 50%.

Los militares denunciaron que, a partir de que la Guardia Nacional quedó bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el servicio médico del ISSFAM “se ha vuelto ineficiente”, toda vez que la asignación de citas médicas se prolongan, hay desabasto de medicamentos, pues “en la actualidad, después de acudir a consulta médica, te entregan la receta sin surgir porque no hay existencia de medicamentos” .

Los militares solicitaron “medicamentos para tratamientos crónicos degenerativos” , y que se agilicen los reembolsos médicos, ya que “se queda en trámites burocráticos y pocas  veces se recupera el dinero propio, con el que se compró el medicamento y artículo médico”, y que los hospitales de la Sedena y la Secretaría de Marina brinden “atención médica debida a los militares y derechohabientes de cualquier Fuerza Armada”.

Asimismo exigieron acabar con “situaciones de maltrato, conductas negligentes y actos de discriminación”, por parte de personal médico y administrativo que resulta insuficiente para el personal castrense, así como acabar con los retardos en los trámites para los retiros voluntarios; exigieron créditos hipotecarios para el personal en retiro y que se eliminen “las listas de supervivencia para el personal de oficiales y tropa”.

Los militares retirados también exigieron la modificación a la disposición de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que prohíbe a los militares portar armas de su propiedad para prestar servicios de seguridad. “porque limita a los militares con experiencia con experiencia que servimos leal y patrióticamente, a no poder desempeñar un trabajo honesto”.

En el pliego petitorio se puntualiza que la movilización de los militares retirados no busca “denostar al gobierno actual”, y los militares retirados refrendaron su “compromiso con la paz, la unidad nacional, la disciplina institucional y la democracia”.

Como representantes de los militares retirados firmaron los generales Sergio Aponte Polito, Saúl Pascual Álvarez Rubio, los capitanes David Hernández Hernández, Isacc Hernández Luna y Rosalba Paz Villanueva, así como como representante de los derechohabientes Rosalba Rojas.

El vocero del movimiento, el capitán Eulogio Perdomo Ríos, destacó que las molestias entre el personal militar retirado se vienen arrastrando desde que la Sedena absorbió a la GN, pero que por “disciplina el personal se había mantenido en silencio”.

En entrevista reconoció que el “detonante” fue la exclusión del aumento de 4% en un primer momento, y aún cuando el ISSFAM corrigió, se alertó que de cualquier forma no se atendían otros temas, como la atención médica

“Persiste la falta de medicamentos en hospitales, eso es un hecho;  las recetas médicas no se surten, las tiene que comprar el propio militar; las medicinas para enfermedades degenerativas como el cáncer, tampoco se las están  dando al personal militar; las citas de especialidades las da entre seis, siete u ocho meses, estamos viviendo las mismas penumbras que está viviendo la sociedad civil”, dijo el militar retirado.

Para el coronel en retiro Jorge Ríos, la presencia de los militares retirados en el zócalo es “una movilización por la dignidad” en la que participan “personas que entregaron los mejores años de su vida en beneficio de la patria”.

Tips al momento

Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?

Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.

Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.

Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.

Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.


EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.

Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las  investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta  penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.

Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que  otro de mayor rango está próximo a perderla.

Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.

Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.

La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como  la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por  La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

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