México vive una triple crisis ambiental y los impuestos verdes pueden contribuir a mitigarla: Alianza por la Justicia Fiscal
Sophia Appl, la coordinadora técnica en la Alianza por la Justicia Fiscal, destacó que los impuestos pueden contribuir al cuidado del medio ambiente, esto al desincentivar actividades o prácticas contaminantes y con ello recaudar fondos para atender sus consecuencias.
México actualmente vive una triple crisis ambiental y hay varios impuestos que ya existen en el sistema fiscal de nuestro país que, con algunas modificaciones, podrían contribuir a mitigarla, dijeron especialistas de la Alianza por la Justicia Fiscal (AJF).
Durante la presentación del cuadernillo “Más verdes, más justos: impuestos que cuiden al planeta y a las personas”, elaborado por la AJF, especialistas aseguraron que la crisis ambiental que atraviesa México se da por tres frentes: crisis por los impactos del cambio climático, por la contaminación y por la pérdida de biodiversidad.
Ante este escenario, Sophia Appl, la coordinadora técnica en la Alianza por la Justicia Fiscal, destacó que los impuestos pueden contribuir al cuidado del medio ambiente, esto al desincentivar actividades o prácticas contaminantes y con ello recaudar fondos para atender sus consecuencias.
De esta manera, la AJF ubica tres tipos impuestos ya existentes en México que no necesariamente son verdes pero que tienen el potencial de contribuir al cuidado del medio ambiente: impuestos al carbono, enfocados al sector transporte y vinculados a la protección de los ecosistemas y de la biodiversidad.
Estos impuestos es que no existe claridad sobre el destino de los recursos recaudados, pues van a una bolsa común sin que se tenga certeza de que se utilizan para proteger el medio ambiente o a mitigar las actividades contaminantes que están gravando.
De ahí que la AJF presente en el cuadernillo 16 propuestas que buscan incrementar la capacidad de esos instrumentos fiscales existentes de contribuir a la mitigación de las tres crisis ambientales, así como complementarlos con herramientas innovadoras y progresivas y, de esa forma, desincentivar actividades y tecnologías dañinas, así como fortalecer el presupuesto para el medio ambiente.
¿Qué se propone?
Entre las propuestas está, por ejemplo, cobrar a los jets privados derechos adicionales a la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), así como cobrar tarifas especiales y más cerca a los estándares internacionales por el uso y anclaje de yates, especialmente en puertos de turismo de lujo como Los Cabos.
Diego Merla López, coordinador de la estrategia de justicia fiscal de Oxfam México, recalcó que para hablar de mayor justicia ambiental, es necesario también hablar de las desigualdades ambientales que hay en nuestro país.
En ese sentido, el especialista de Oxfam México aseguró que el 1% más rico de México contamina tanto como el 80% más pobre, mientras que el 0.1% contamina tanto como el 40% más pobre.
“Las inversiones de los tres mexicanos más ricos contaminan tanto como las 17 millones de personas más pobres del país. ¿Qué consumen estos tres mexicanos más ricos? Autos de lujo, joyería (…) pero también jets y yates”, dijo Diego Merla.
El coordinador de estrategia de justicia fiscal de Oxfam México aseguró que un jet privado contamina en un hora de vuelo lo que un mexicano promedio contamina al año, de ahí que sea necesario cobrarle derechos adicionales a la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA).
Mientras que en el caso de los yates privados, la AJF indica que un mega yate puede generar en un año una huella de carbono equivalente a la de 1,400 personas, lo que hace también necesario discutir la propuesta de cobrarles tarifas especiales.
Por su parte, Arabel Alí, analista de políticas climáticas, recordó que la semana pasada México fue a la COP 30 y ahí nuestros país refrendó su compromiso de reducir en 35% las emisiones de efecto invernadero para 2030.
“Si no se plican impuestos justos a quienes más tienen y no se dan recursos suficientes a Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no se va a lograr la meta”, dijo.
Con información de El Economista
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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