
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila (Morena), afirmó que el proceso de modificación de la iniciativa presidencial sobre la Ley Aguas no está concluido, pues se espera que Morena y aliados realicen nuevos cambios ante el pleno de San Lázaro como parte de los acuerdos a los que han llegado con agricultores.
“A los productores les decimos que no vamos a fallar, que lo que estamos tratando de hacer desde la semana pasada al escucharlos y al modificar la iniciativa original, fue de buena fe. Es una interlocución de buena fe y que todavía falta el trayecto del día para modificar algunos otros temas”, aseveró el líder morenista tras acusar a la oposición de querer desinformar sobre el tema.
Según lo expresado por Monreal Ávila, las bancadas de oposición han generado “una gran desinformación e incluso ignorancia” sobre el tema, al tiempo que sostuvo que “nosotros no le tenemos ningún temor a la oposición. Ellos están haciendo lo suyo: desinformando, agraviando, agrediendo. Pero no es así, por eso nos hubiera gustado que el debate parlamentario fuera en el Pleno y no solo a través de una conferencia de prensa que desinforma aún más a la opinión pública”.
No obstante, también reconoció que algunos dirigentes campesinos han mostrado sorpresa porque no están algunas de las propuestas que han planteado no se ven plasmadas en el dictamen; sin embargo, defendió que “es un proceso legislativo el que estamos iniciando. Es decir, el proceso legislativo apenas va a comenzar y habrá reservas que nuestro movimiento habrá de proponer”.
Incluso adelantó que a parte de los 50 puntos que ya modificaron en la iniciativa original, que tienen que ver con transmisión, títulos, herencia, volumen del agua, zonas de libre alumbramiento, delitos, faltas administrativas, negativa ficta, su partido ha propuesto modificar otros puntos que ya fueron socializados con algunos grupos de productores.
Es decir, que el dictamen que se leyó hace un rato y se aprobó, todavía va a sufrir modificaciones en el trayecto de las horas. Por eso me parece muy aventurado hablar de que no hubo ni una coma que se modificó, cuando hubo 50 modificaciones y cuando aún no concluye la discusión del proceso legislativo”, insistió.
Con información de: El economista.

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
