
La defensa del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, presentó formalmente un recurso de apelación contra el juicio y la subsiguiente sentencia de 38 años de prisión que le fue impuesta por la justicia estadounidense.
El argumento central de la defensa para solicitar la anulación de la sentencia se basa en la presunta violación del derecho del exfuncionario a un debido proceso. En el documento de apelación, se detalla que esta violación se fundamenta en varios puntos.
La defensa de Genaro García Luna, a cargo de los abogados César de Castro y Valerie Gotlib, formalizó una apelación el 18 de diciembre para solicitar la anulación o, como mínimo, la repetición del juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública mexicano.
Los argumentos de la defensa, contenidos en un documento de 78 páginas, sostienen que el proceso legal está “irremediablemente contaminado”.
El exfuncionario fue condenado previamente en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, además de una multa de 2 millones de dólares impuesta por el juez Brian Cogan por “ayudar durante una década al Cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos”.

La defensa de García Luna alega que los testimonios de dos testigos principales como prueba, realizaron declaraciones falsas bajo juramento en las audiencias, por lo que piden desechar los testimonios.
Según información de medios nacionales, uno de los testigos es el agente federal Francisco Cañedo Zavaleta quien narró un presunto encuentro y posterior secuestro de García Luna a manos de sicarios del grupo delictivo asociado con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Los abogados argumentan que existe evidencia no considerada que prueba que García Luna estaba en el Hospital Ángeles pagando el tratamiento de su esposa el día del supuesto secuestro, Además agregan que mintió sobre su corporación y que sus declaraciones tuvieron intenciones políticas.
La defensa alega que el presunto secuestro no fue denunciado ante autoridad, sino que Zavaleta entregó su relato a la entonces diputada opositora Layda Sansores y a la revista Proceso.
La apelación de García Luna también se basa en que los fiscales de EUA ocultaron evidencia exculpatoria. Sus abogados afirman haber hallado documentos que prueban que agencias estadounidenses lo investigaron, le hicieron posibles pruebas de polígrafo y se reunió con altos funcionarios de la CIA y la DEA sin alertas de seguridad, lo que contradice las acusaciones. Además, denuncian que la fiscalía ocultó que un testigo colaborador siguió delinquiendo mientras negociaba su testimonio.
Con información de Político.mx