Tips en Cascada, 2 de enero del 2026

A partir de este primero de enero cobró vigencia el decreto del llamado "fortalecimiento financiero", impulsado por la gobernadora Maru Campos, que incluye un crédito a largo plazo por 3 mil millones de pesos, refinanciamiento de cuatro créditos que suman 15 mil millones de pesos, y de "cupón cero" por la cantidad de 665 millones de pesos y de 23 créditos vigente que en conjunto representan 39 mil 450 millones de pesos.

Todos estos instrumentos financieros serán a un plazo de 25 años, con fuente de pago del 35% de las participaciones federales de ingresos estatales como aval para asegurar mejores condiciones de tasa y plazo.

Al reestructurar, se busca reducir la presión de los pagos mensuales en el servicio de la deuda, para destinar más recursos a obra pública y programas sociales hoy, en lugar de sólo pagar intereses de deudas pasadas.
Establecer los 25 años compromete el margen de maniobra de las próximas cuatro o cinco administraciones. 
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 Mientras el Periódico Oficial del Estado ya exhibe el nuevo decreto de fortalecimiento financiero, en los pasillos del Poder Legislativo y en las oficinas de Morena, el ambiente es, dicen, de plano de cacería.

Y eso porque el pasado 24 de diciembre, fue el límite para que las diputadas Edith Palma y Rosana Díaz, presentaran las pruebas en su defensa a la denuncia en su contra por haber faltado a la sesión crucial del 16 de diciembre, una ausencia que no fue una simple omisión, sino la llave que abrió la puerta a la mayoría calificada para aprobar el presupuesto del Estado y sobre punto central el tema de la deuda.

Sin la presencia de Palma y Díaz, la gobernadora Maru Campos no solo obtuvo la aprobación, sino que lo hizo con el camino despejado para una reingeniería financiera.

El proceso de defensa de las legisladoras es el último capítulo de una trama política que huele a fractura interna. Para muchos, su ausencia fue el "voto útil" que el oficialismo necesitaba. Las diputadas no solo enfrentarán el juicio de sus compañeros, sino el estigma de haber sido el facilitador necesario para el mayor endeudamiento de la era actual.

Mientras las diputadas intentan justificar su inasistencia, el decreto ya es una realidad jurídica.
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Se analiza por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, el Procedimiento Sancionador de oficio contra las diputadas, por actos de presuntas faltas sancionables conforme al estatuto.

Se advierte de manera indiciaria y sin prejuzgar sobre el fondo la posible actualización de conductas contrarias a la normatividad interna de morena, consistentes en la ausencia y/o abandono del Pleno del Congreso del Estado de Chihuahua durante una sesión de alta trascendencia pública, en la que se discutió y votó la autorización de endeudamiento dentro del Paquete Económico 2026.

Desde el 19 de diciembre las diputadas fueron notificadas de la denuncia por ausentarse y/o abandonar, en tanto que podría traducirse en la inobservancia de los principios y Documentos Básicos.

Y tuvieron 5 días para que Edith Palma Ontiveros y Rosana Díaz ejercieran su derecho de audiencia y defensa, en su caso, ofrecer las pruebas que estimen pertinentes.
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Cifras recientes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) revelan un dato estremecedor: que el 28% de las víctimas de trata a nivel global son menores de edad. 

A nivel nacional, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó que, durante 2023, se registraron 382 casos oficiales de trata en el país. Los focos rojos señalan a Quintana Roo por su flujo turístico, a Ciudad de México de operaciones y tránsito, y Chihuahua por la complejidad fronteriza.

La presencia de estos estados en la cima de la lista no solo indica una alta incidencia, sino también la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención.
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Ya se tiene lista la convocatoria para las organizaciones de la sociedad civil (OSC) interesadas en integrarse a la Comisión Intersecretarial para la Atención y Protección de las Personas con la Condición del Espectro Autista en el Estado de Chihuahua.

Con ello se pretende garantizar la ejecución coordinada de políticas públicas y programas dirigidos a personas con la condición del espectro autista en el estado.

Estas asociaciones deben acreditar un mínimo de dos años ininterrumpidos de acciones de atención y apoyo a personas con autismo y su participación será de carácter honorífico, por lo que no se recibirá remuneración alguna.

Algo que además incluye el gobierno de Maru Campos es que los integrantes de la administración pública estatal de la Comisión calificarán las solicitudes y emitirán una resolución por mayoría simple, la cual será inapelable.