
En el ejercicio del Derecho, y particularmente desde la práctica privada en el despacho, se aprende que la seguridad jurídica es algo importante para salvaguardar derechos, pues es el pilar que sostiene la planificación financiera de las familias y las empresas. Hoy, nos encontramos ante un escenario donde esa certeza se ve puesta a prueba por las recientes modificaciones tributarias que impactan directamente en el sector asegurador; seguros de vida, de casa, de automóviles o de gastos médicos mayores.
La discusión actual es relevante porque impacta en los bolsillos de los asegurados y de las personas que cuentan con un seguro (de cualquier índole) en México. Diversos especialistas fiscales han advertido que un cambio en la ley impide ahora a las aseguradoras acreditar el IVA en los casos donde el objeto sea indemnizar al asegurado. Desde una perspectiva técnica, esto rompe con la neutralidad del impuesto y genera un costo operativo que, por lógica de mercado, termina trasladándose al usuario final. Se estima que pólizas esenciales, como las de gastos médicos y de automóviles, podrían sufrir un incremento de hasta el 20% este año. Y como testimonio, recuerdo haber escuchado hace un par de semanas en Radio Fórmula, la narrativa de la locutora argumentando que su seguro de Gastos Médicos Mayores le costaba doce mil pesos al año, ahora le va a costar entre quince, diecisiete.
Como abogado y militante de Acción Nacional, entiendo que el papel del Estado debe ser el de facilitar el acceso a servicios que protejan el patrimonio y la salud de los ciudadanos, no el de encarecerlos mediante reformas que parecen priorizar la recaudación sobre el bien común. Si bien desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se ha intentado matizar este impacto, afirmando que los aumentos dependerán estrictamente de condiciones de mercado y no de los cambios fiscales, la realidad en el sector asegurador dicta una narrativa distinta.
Estos son algunos de los impactos más marcados en el bolsillo de los mexicanos:
Como ciudadano y como profesionista, se observa con preocupación cómo estas "escaladas" de precios (que también alcanzan a productos de consumo como cigarros y refrescos) merman el poder adquisitivo buscando recaudar más dadivas para las arcas del Estado. No se trata de ser incendiarios, sino de ser realistas: ante un panorama de costos elevados, la ciudadanía se verá obligada a buscar pólizas más accesibles o, en el peor de los casos, a quedar desprotegida.
Es imperativo que el análisis legislativo y fiscal retome el camino de la técnica jurídica y la sensibilidad económica. El seguro no es un lujo, es la red de protección de la clase media y el esfuerzo de años de trabajo, sobre todo ante la desprotección en cuestiones de salud y el poco o nulo servicio en salud pública en el país. Negar el impacto de una reforma fiscal en el costo de vida no soluciona el problema; lo que necesitamos es un marco legal que incentive la previsión en lugar de castigarla.
Finalmente, queda en el aire una pregunta técnica: si esta nueva arquitectura fiscal busca elevar la recaudación a costa de la protección patrimonial de las familias, ¿cuál será el destino real de esos recursos? Como ciudadanos, debemos vigilar si este excedente se traducirá en infraestructura y servicios de calidad, o si simplemente alimentará un esquema de transferencias directas con objetivos más electorales que sociales. El bien común no se construye encareciendo la prevención, sino administrando con transparencia cada peso que se le exige al contribuyente.