Ciudadano mexicano se declara culpable de conspiración de crimen organizado que involucra trabajo forzoso de trabajadores mexicanos

Alexander Villatoro Moreno, de 53 años, también conocido como Quichi, se declaró culpable en un tribunal federal de Tampa, Florida, de conspiración bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO). Un gran jurado federal del Distrito Medio de Florida había presentado previamente una acusación formal de seis cargos contra varios acusados por su participación en la conspiración, que afectó a trabajadores mexicanos con visa H-2A que, entre 2015 y 2017, trabajaron en Estados Unidos cosechando frutas, verduras y otros productos agrícolas.

Según documentos judiciales, Villatoro Moreno y sus coacusados operaban y administraban Los Villatoros Harvesting (LVH), una empresa contratista de mano de obra agrícola, que funcionaba como una organización criminal que obligaba a las víctimas a trabajar en Florida, Kentucky, Indiana, Georgia y Carolina del Norte. Villatoro Moreno y sus coacusados reclutaron fraudulentamente a ciudadanos mexicanos para que ingresaran a Estados Unidos con visas agrícolas de corto plazo H-2A y engañaron a Estados Unidos para obtener visas para las víctimas. Villatoro Moreno y sus coacusados cobraron a los trabajadores tarifas de reclutamiento exorbitantes para trabajar para LVH y les mintieron sobre cuánto cobrarían, las horas que trabajarían, las condiciones laborales y el reembolso que recibirían por el pago de las tarifas de reclutamiento y otros gastos. Los trabajadores se vieron obligados a realizar largas jornadas de trabajo agrícola físicamente exigente, de seis a siete días a la semana, por un salario muy inferior al que les correspondía por ley.

Además de las condiciones de trabajo, Villatoro Moreno y sus coacusados utilizaron varios medios coercitivos para obligar a las víctimas a trabajar, incluyendo imponer deudas a los trabajadores; confiscar los pasaportes de los trabajadores; someter a los trabajadores a condiciones de vida de hacinamiento, insalubres y degradantes; abusar verbalmente y humillar a los trabajadores; amenazar a los trabajadores con arresto, cárcel y deportación; aislar a los trabajadores impidiéndoles interactuar con cualquier persona que no fueran empleados de LVH; y amenazar con dañar físicamente a los familiares de los trabajadores en México si los trabajadores no cumplían con sus demandas.

Cuando los funcionarios comenzaron a investigar, Villatoro Moreno obstruyó la investigación federal al ayudar a preparar información de nómina falsa para ocultar pagos insuficientes a los trabajadores y distribuir recibos de reembolso falsos a las víctimas para hacer parecer que LVH estaba cumpliendo con la ley al reembolsar a los trabajadores sus gastos de viaje.

Los cuatro coacusados de Villatoro Moreno se declararon culpables previamente en relación con su participación en el plan. Bladimir Moreno, hermano de Alexander Villatoro Moreno, era propietario de LVH y se declaró culpable en 2022 de conspiración para violar la Ley RICO y conspiración para cometer trabajos forzados. Efraín Cabrera Rodas y Christina Gamez, supervisores de LVH, se declararon culpables de conspiración para violar la Ley RICO, mientras que Guadalupe Mendes Mendoza, otra supervisora de LVH, se declaró culpable de conspiración para obstruir una investigación federal. En 2022, Bladimir Moreno fue sentenciado a 118 meses de prisión y se le ordenó pagar más de $175,000 en restitución a las víctimas, mientras que Rodas y Gamez fueron sentenciados a 41 y 37 meses de prisión, respectivamente. Mendoza también fue sentenciada en 2022 a cumplir ocho meses de arresto domiciliario y una multa de $5,500 a pagar durante 24 meses de libertad supervisada.

El Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas del Condado de Palm Beach, que incluye al FBI, la División de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. y la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, investigó el caso. El Grupo de Trabajo recibió asistencia de la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo, la División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EE. UU., la Coalición de Trabajadores de Immokalee, la División de Trabajadores Agrícolas Migrantes de los Servicios Legales de Colorado, el Programa de Trabajadores Agrícolas de los Servicios de Asistencia Legal de Oregón y el Proyecto de Derechos y Protección de los Trabajadores de los Servicios Legales de Indiana.

El Gobierno de México, incluida la Fiscalía General de la República (FGR), brindó asistencia significativa en la extradición de Villatoro Moreno a Estados Unidos. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia colaboró con las autoridades mexicanas para lograr la detención y extradición de Villatoro Moreno.

El abogado litigante Matthew Thiman, de la Sección de Derechos Humanos y Procesos Especiales de la División Penal, y la fiscal federal adjunta Ilyssa Spergel, del Distrito Medio de Florida, están a cargo del caso. La ex fiscal litigante y actual fiscal federal adjunta Maryan Zhuravitsky, del Distrito de Maryland, también lo hizo.

Cualquier persona que tenga información sobre la trata de personas debe reportarla a la Línea Nacional de Atención sobre la Trata de Personas, gratuita al 1-888-373-7888, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Para más información sobre la trata de personas, visite www.humantraffickinghotline.org. Puede encontrar información sobre las iniciativas del Departamento de Justicia para combatir la trata de personas en www.justice.gov/humantrafficking.