
De acuerdo con un reportaje de investigación presentado por N+, la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una indagatoria contra Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, por su presunta participación en una red delictiva dedicada a la extorsión, tráfico de armas y lavado de dinero.
La investigación periodística señala que, semanas después de que autoridades de Estados Unidos le revocaron su visa, la FGR abrió una carpeta basada en una denuncia presentada el 11 de junio de 2025, la cual vincula al exfuncionario con operaciones del crimen organizado en la frontera norte del país.

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De acuerdo con la carpeta a la que tuvo acceso al medio, se acusa a Torres de recibir pagos mensuales de 150 mil dólares por parte de Pedro Ariel Mendívil García, exsecretario de seguridad de Mexicali, a cambio de permitir la operación del grupo delictivo conocido como "Los Rusos", una facción del Cártel de Sinaloa, en la entidad.
La estructura criminal estaría presuntamente liderada por el hermano de Carlos, Luis Alfonso Torres Torres, quien es señalado de dirigir las operaciones administrativas para blanquear fondos ilícitos a través de empresas y campañas políticas.
La denuncia detalla que la red realizaba extorsiones en aduanas, deteniendo mercancías para exigir sumas millonarias, y que las ganancias eran invertidas en bienes raíces en Estados Unidos. Además de Torres, la investigación de la FGR involucra a altos mandos del SAT en Baja California y a figuras políticas como el actual senador Armando Ayala Robles y el secretario de gobierno de Tijuana, Arnulfo Guerrero León, quienes ya han sido citados a comparecer.
Ante la difusión de esta información, Carlos Torres emitió un comunicado oficial fechado este 21 de enero de 2026, en el que niega categóricamente las acusaciones. En el documento, el exfuncionario manifiesta su “respeto profundo al trabajo de las instituciones” y asegura tener total disposición para esclarecer lo que denomina como “calumnias anónimas”.

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Torres, quien dejó su cargo honorario en el gobierno estatal en junio de 2025 en medio de los señalamientos y la revocación de su visa junto a la de la gobernadora de Baja California, afirmó en su misiva que “no tiene nada que ocultar” y que es fundamental que la situación se resuelva con celeridad para limpiar su imagen pública frente a la investigación federal en curso.
Con información de: Político.mx