Con mochilas listas y sin dormir, decenas de migrantes pasaron en vela la noche de jueves a viernes de esta semana ante la amenaza de un desalojo al campamento de Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, el último asentamiento de personas en movilidad que permanece activo en la Ciudad de México. El gobierno capitalino notificó a quienes habitan el lugar que tenían menos de 24 horas para abandonar sus viviendas improvisadas. El plazo vencía este viernes 20 de febrero.
Aunque por la mañana hubo despliegue de patrullas y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la zona, al final no se concretó ninguna acción; al menos no por ahora. Mientras las familias permanecían en alerta, llegaron al sitio medios de comunicación, entre estos Animal Político, así como representantes de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales.
El director de Movilidad Humana de la Ciudad de México, Temístocles Villanueva, informó que el desalojo del campamento se suspendía de manera temporal. Detalló que a las más de 200 personas que habitan actualmente en el asentamiento, el gobierno les está ofreciendo ayuda y traslado voluntario a los Centros de Atención y Movilidad Humana (CAMHU) de la capital para que se movilicen de forma segura.
Temístocles Villanueva informó que la decisión de posponer el desalojo se dio para evitar que la tensión aumentara en el campamento, ubicado a un costado de las vías del tren donde viven más de 200 personas que huyeron de países como Venezuela, Honduras y El Salvador.
Pero además, los migrantes que viven en este asentamiento están amparados para evitar ser reubicados sin su consentimiento. Por la madrugada, con el apoyo de la organización Las Vanders tramitaron un nuevo recurso que les otorga una suspensión temporal por 30 días, pero no garantiza que el operativo de desalojo quede cancelado definitivamente.
En uno de los pequeños “ranchos” —como llaman a las viviendas construidas con madera, lámina y materiales reciclados— vive Yasmelis, originaria de La Guajira, Venezuela, junto a su hija Yaniangel de seis años. Yasmelis trabaja como peluquera y se ha convertido en una de las voces más representativas del campamento.
“Yo estoy agradecida con este lugar y con la gente que nos ha tendido la mano”, dice, mientras organiza sus pertenencias ante la posibilidad de tener que salir en cualquier momento. “Aquí por lo menos tuvimos un techo propio”.
Tras casi dos años de trámites, esta venezolana está a punto de recibir su permiso de regularización migratoria.
“Con ese papel mi vida cambia. Voy a poder tener un salario más digno, alquilar una casa y darle una mejor vida a mi hija”, explica. Para ella, la regularización es la vía que podría transformar las vidas de quienes permanecen en el campamento, pues les daría acceso formal al trabajo, vivienda y a una estabilidad.
A unos metros, iluminados por las farolas del parque, una decena de personas se congrega en un círculo que, conforme avanza la noche, se vuelve más íntimo, alentando el relato y la confidencia. Las historias son personales, pero están atravesadas por problemáticas y experiencias similares de travesías marcadas por abusos y violencias, y todo lo que han tenido que soportar para poder estar aquí, en medio de una calle fría, con la misma zozobra frente a lo que pasará mañana.
Mayerlin decidió protestar de manera simbólica. Vive con su esposo y sus dos hijos que estudian la primaria. Como un mensaje de denuncia ante las provocaciones y actos xenófobos que viven constantemente, decidió exhibir afuera de su vivienda los uniformes escolares, libros y cuadernos de sus hijos.
“Nosotros no somos delincuentes, ni putas ni drogadictos. Acá está la ropa de mis hijos que son estudiantes. Acá nosotros estamos trabajando y aportando a la ciudad. Lo único que queremos son oportunidades para nosotros”, dice Mayerlin, originaria de Maracaibo, Venezuela.
Para esta madre de familia, la presión creciente del gobierno responde a políticas para cuidar la imagen de la capital ante la proximidad del Mundial de Futbol; es una “limpia” estética que busca ocultar problemáticas visibles. “La ciudad dice que es hospitalaria y que se preocupa por los migrantes pero poco a poco nos va cerrando las puertas”, afirma.
El asentamiento de Vallejo surgió en medio del aumento histórico de personas migrantes que buscaban atravesar México. De acuerdo con cifras oficiales de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en 2023 se registraron más de 782 mil eventos de personas en situación migratoria irregular en el país, la cifra más alta desde que hay registro.
La suspensión judicial concede un respiro temporal a los “ranchitos”, pero la tensión permanece. El campamento sigue en pie, al menos por ahora, mientras sus habitantes se mantienen en alerta ante lo que pueda ocurrir en los próximos días.
Para las personas que viven aquí una posible reubicación a los albergues Vasco de Quiroga, en Tepito, o al Bocanegra en Peralvillo, no es la solución a la falta de alternativas de vivienda, de integración laboral y a la necesidad de que se defina una política pública clara para quienes, como Yasmelis y Mayerlin, no están de paso en México, sino intentando reconstruir su vida en la ciudad
Tras el tercer intento de desalojo —bajo argumentos reiterados de seguridad y protección civil por parte de las autoridades— el campamento sigue en pie, al menos por ahora. Sus habitantes se mantienen en alerta ante incertidumbre de lo que pueda ocurrir en los próximos días.
Con información de Animal Político.