
Héctor Acosta Félix, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), hizo un llamado a las autoridades federales a fin de coordinarse con los estados y evitar el doble trabajo en la fiscalización.
“Yo hago votos para que en el siguiente periodo de administración de la Auditoría Superior de la Federación pueda existir la voluntad política para coordinarse con los entes estatales y evitar este doble trabajo que le estamos generando a los servidores públicos estatales y municipales”.
Así lo expresó Acosta Félix durante la entrega de la información financiera realizada por José de Jesús Granillo Vázquez, secretario de Hacienda, a fin de llevar a cabo la revisión de la Cuenta Pública 2025, “una revisión profesional, objetiva y técnica, como lo ha sido en los últimos siete años”.
Destacó que dichas revisiones podrían llevarse a cabo en conjunto con las autoridades federales. “En este caso, la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado podrían ser más eficientes si tuviéramos una adecuada coordinación en materia de fiscalización; es decir, que el Sistema Nacional de Fiscalización estuviera funcionando de forma efectiva y eficiente”.
Señaló que la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado, en la Cuenta Pública 2024 cuyos resultados la ASE entregó en diciembre del año pasado y la Auditoría Superior de la Federación en febrero coincidieron en 20 municipios en auditorías financieras; es decir, se auditó al mismo tiempo a 20 municipios.

El aumento en las tarifas de casetas en Chihuahua generó controversia luego de que la senadora Andrea Chávez acusara a la gobernadora María Eugenia Campos de impulsar un “tarifazo”.
No obstante, el ajuste responde a disposiciones federales: las tarifas son definidas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y se actualizan conforme a la inflación con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por lo que no dependen directamente del gobierno estatal.

El aumento en las tarifas de casetas en Chihuahua generó controversia luego de que la senadora Andrea Chávez acusara a la gobernadora María Eugenia Campos de impulsar un “tarifazo”.
No obstante, el ajuste responde a disposiciones federales: las tarifas son definidas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y se actualizan conforme a la inflación con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por lo que no dependen directamente del gobierno estatal.
