El empresariado mexicano bajo investigación de EU

La periodista María Idalia Gómez publicó en La Silla Rota una columna de opinión en la que revela que agencias de Estados Unidos han intensificado investigaciones contra empresarios mexicanos presuntamente vinculados con redes criminales. En esta relación se vuelve a tocar el nombre de un empresario juarence que esta presuntamente involucrado en las investigaciones por su relación con el crimen organizado.

Las investigaciones de Estados Unidos sobre personas en México se han extendido a todos los sectores e instituciones que han ubicado con relaciones con grupos criminales, y uno de ellos es el empresarial. 

Esta información la han recabado pacientemente desde el año pasado, a partir de los interrogatorios (que aún no aparecen en casos judiciales), de personas que son ahora testigos colaboradores desde cárteles mexicanos y colombianos, o exfuncionarios de Venezuela, por ejemplo, entre muchas otras.

Toda esa información nueva se ha sumado a otros interrogatorios e investigaciones con muchos más años de trabajo, y que las agencias debieron conjuntar a partir de la exigencia del presidente Donald Trump de coordinarse y actuar de forma urgente contra las organizaciones criminales identificadas como terroristas.

Estos son los antecedentes que ahora han llevado a las agencias estadounidenses a colocar bajo la lupa a más de tres decenas de empresarias y empresarios mexicanos que han identificado por sus posibles relaciones políticas municipales, estatales y federales.

Algunas personas que integran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el principal organismo que concentra a las organizaciones cúpula del sector privado, ya conocen parte de la información que rastrean las agencias de Estados Unidos, y la gravedad del problema del sector, y están muy preocupadas por la infiltración de este tipo de personas empresarias. Esto porque no se tratará solamente de eliminar las visas de ingreso al país del norte, ni tampoco de exhibirlos con notas informativas, se trata de una auténtica persecución legal que se iniciará en aquel país, porque se trata de lavado de dinero de altísimo perfil, pero también por el intento de apropiación de espacios importantes de poder económico en México.

Esas decenas de personas empresarias bajo investigación se ubican en todo el país, no hay un solo estado que no tenga una pesquisa desde las agencias estadounidenses. Un ejemplo, del que la información recabada por esta columna lo coloca bajo la lupa de las agencias de Estados Unidos en investigaciones muy avanzadas se ubica en Chihuahua, se trata Iván Antonio Pérez Ruiz.

Este personaje, de acuerdo con su currículum, es abogado con una maestría en impuestos. Inició en 2007 como director jurídico del Corporativo Aduanal Ruiz; por dos años fue consultor o socio (no es muy claro) de Horwath Castillo Miranda Martínez Espinoza y Asociados, SC.; en 2011 y por un año fue socio de Duo Consulting Tax And Legal Services, al menos eso declaró.

Después saltó al servicio público, en 2012 siendo presidente Enrique Peña Nieto, se convirtió en subdelegado regional en Chihuahua de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. No pasó ni un año y se convirtió en delegado estatal de esa dependencia, hasta julio de 2015 que dejó el cargo.

En paralelo, entre 2011 y 2018 integró, de acuerdo con los documentos estadounidenses, siete empresas: cinco centros cambiarios, una inmobiliaria y una comercializadora vinculada a alimentos. Y para 2021 se convirtió en director general de Desarrollo Económico en el municipio de Juárez, Chihuahua, cargo que dejó dos años después, en 2023.

Su carrera dio un paso más y en 2025 se convirtió en presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) de Ciudad Juárez, cargo para el que fue reelecto por el empresariado juarense en marzo de este año. Esta visibilidad lo ha acercado a liderazgos políticos de Morena en la entidad, y le facilitó, de acuerdo con los datos estadounidenses, que hace unas semanas se convirtiera en cofundador y primer presidente de Federación de Comercio, Servicios y Turismo de México (FECOMEX), en un evento que de acuerdo con notas periodísticas participaron representantes de “25 estados del país”.

Pero las investigaciones de las agencias tienen algo más y que muestra cómo esas oficinas cuentan con el apoyo de las autoridades mexicanas en esta y el resto de las investigaciones contra empresarios.

Pérez Ruiz no ha sido sometido a juicio y por lo tanto no ha sido sentenciado por algún delito; sin embargo, enfrenta cuatro denuncias penales y quejas, todas ellas presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior del Estado, por posibles actos de tráfico de influencias y uso indebido de atribuciones y facultades.

Varias de esas denuncias y quejas, que siguen en proceso de investigación por la fiscalía, fueron presentadas por la asociación Plan Estratégico de Juárez, por distintos contratos otorgados a las empresas Malotti y Corporación Episteme (con nombre comercial Le Granel), que suman 10.5 millones de pesos.

Todo eso está documentado en las investigaciones estadounidenses y plantean su preocupación por su relación con el empresariado local y federal; así como liderazgos morenistas y priistas de la región, y hasta por su presencia en las mesas de seguridad del municipio. Pero lo que las fichas añaden es la relación con grupos criminales que sostiene el empresario, aunque los informes lo afirman, no especifican los hechos o datos precisos que lo muestren, porque lo colocan como información clasificada. También se advierte que las pesquisas continúan.

Este es sólo un ejemplo, porque existen las mismas investigaciones contra empresarios en el país, con mayor énfasis, por lo avances que tienen, en los estados de Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Durango y Ciudad de México. 

Esta es la información que fuentes de alto nivel proporcionó a esta columna y que se planea será utilizada para casos judiciales en Estados Unidos y también solicitar al gobierno mexicano que inicien sus propios casos.

Mientras tanto, a los empresarios que ya conocen algunos de estos casos bajo investigación se les ha sugerido que inicien un “compliance” de los organismos cúpula, para garantizar que quienes lleguen a estos liderazgos locales y nacionales sean personas que cumplan con el perfil ético necesario, para lo cual podrán recibir el apoyo del gobierno mexicano y el estadounidense, para que identifiquen a estas personas empresarias aparentemente exitosas, pero que en realidad tienen vínculos político-criminales que buscan escalar en el poder en México.