Estados Unidos levanta las sanciones contra Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela

Estados Unidos levantó el miércoles las sanciones contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, según una entrada de la Oficina de Control de Activos Extranjeros en el sitio web del Departamento del Tesoro.

El anuncio del levantamiento de las sanciones es el reconocimiento más reciente de Estados Unidos a Rodríguez como autoridad legítima en Venezuela desde que el ejército estadounidense capturó a su predecesor, Nicolás Maduro, y a su esposa el 3 de enero en Caracas, la capital de Venezuela.

Desde entonces, ambos han sido trasladados a Nueva York para enfrentarse a cargos de narcotráfico y se han declarado inocentes.

Esta medida permite a Rodríguez trabajar con mayor libertad con empresas e inversores estadounidenses. Sin mencionar explícitamente las sanciones que pesan en su contra, Rodríguez expresó en un comunicado su esperanza de que mejoren las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.

“Valoramos la decisión del presidente Donald Trump como un paso hacia la normalización y el fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países”, declaró en su canal de Telegram tras el anuncio del Departamento del Tesoro. “Confiamos en que este avance permitirá el levantamiento de las sanciones vigentes contra nuestro país, lo que nos permitirá construir y garantizar una agenda de cooperación bilateral eficaz en beneficio de nuestros pueblos”.

Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez, fueron objeto de sanciones estadounidenses durante el primer mandato de Trump por su presunto papel en el debilitamiento de la democracia venezolana.

Los hermanos, junto con otros miembros del círculo íntimo de Maduro, fueron añadidos a la lista del Tesoro en septiembre de 2018, meses después de que Maduro ganara la reelección en una contienda ampliamente considerada como una farsa porque se prohibió la participación de políticos y partidos de la oposición.

“Maduro ha otorgado a Delcy Eloina Rodríguez Gómez y a Jorge Jesús Rodríguez Gómez altos cargos dentro del gobierno venezolano para ayudarlo a mantenerse en el poder y consolidar su régimen autoritario”, dijo el Ministerio de Hacienda en un comunicado en ese momento.

Sin embargo, tras el derrocamiento de Maduro, la actual administración Trump optó por colaborar con Delcy Rodríguez en lugar de con la oposición política venezolana. Desde entonces, Rodríguez ha liderado la cooperación de Venezuela con el plan gradual del gobierno para revitalizar el país, promocionando su nación petrolera entre los inversores internacionales y abriéndola al capital privado, al arbitraje internacional y al escrutinio público.

El mes pasado, el gobierno la reconoció como la "única jefa de Estado" de Venezuela en un caso civil en curso ante un tribunal federal estadounidense.

Estados Unidos ha levantado las sanciones contra importantes industrias venezolanas. En marzo, el Departamento del Tesoro emitió una amplia autorización que permite a la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) vender directamente petróleo venezolano a compañías estadounidenses y en los mercados globales, un cambio radical después de que Washington bloqueara durante años en gran medida las relaciones comerciales con el gobierno venezolano y su sector petrolero.

Mientras tanto, legalmente Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela.

Horas después de la operación del 3 de enero, el Tribunal Supremo, leal al partido gobernante, declaró su ausencia “temporal”, eliminando así la necesidad de elecciones rápidas y preservando las garantías que le confiere el cargo según el derecho internacional.

El tribunal ordenó a Rodríguez asumir el cargo por un período máximo de 90 días, con la posibilidad de extenderlo hasta seis meses si así lo aprueba la Asamblea Nacional, también controlada por el partido gobernante y presidida por su hermano. El plazo de 90 días finalizó este día.

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II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;

III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;

IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;

V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.

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