El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, aseguró que los adeudos fiscales que enfrenta el Municipio no se generaron durante su administración, aunque reiteró que serán cubiertos.
“Yo te quiero dejar muy claro que es un tema que no es de nosotros”, expresó, al referirse a los impuestos pendientes de años anteriores.
El edil explicó que su gobierno ha tenido que cubrir contribuciones no enteradas entre 2017 y 2021. “En el 2024 pagamos 136 millones de impuestos que no se enteraron en los años 2017 y 2019”, detalló.
Asimismo, indicó que en 2025 se pagaron otros 101 millones de pesos correspondientes a 2020. “No quiere decir que sea exactamente el monto, quizá ahí hay algo de recargos”, precisó.
Sobre los compromisos próximos, informó: “Ahora en 2026 debemos de pagar 114 millones de pesos que no se pagaron en el 2021”.
Pérez Cuéllar insistió en que su administración está cumpliendo con sus obligaciones actuales. “Nosotros estamos al corriente, hemos pagado, hemos reportado el tema del Impuesto Sobre la Renta muy bien”, afirmó.
Sin embargo, subrayó que el Municipio “lamentablemente está arrastrando temas en 2017, 2019, 2020 y 2021”.
El alcalde también dio a conocer que, tras el proceso de regularización ante autoridades hacendarias, se les propuso un convenio. “Una vez que Hacienda me dijo que nos estábamos regularizando con toda esta información, nos ofreció un convenio”, explicó.
Dicho acuerdo permitiría pagar solo una parte del adeudo. “Podemos pagar el 25%… y eso puede significar un ahorro de 85 millones de pesos”, señaló.
No obstante, aclaró que este mecanismo requiere validación estatal: “Para esa situación se necesita la aprobación del Estado”.
Finalmente, reiteró: “Era muy importante dejar muy claro que el problema existe, pero no fue generado por nosotros”.
Este posicionamiento se da en medio de señalamientos recientes del secretario de Hacienda estatal, José de Jesús Granillo Vázquez, quien advirtió que el Servicio de Administración Tributaria detectó irregularidades en el reporte del ISR de 2021, generando un crédito fiscal superior a los 118 millones de pesos y el riesgo de retención de participaciones federales al municipio, lo que incrementa la presión para concretar un acuerdo de regularización.