El agente que carga bolsas del mandado

Por, Gabriel Vidaña Manjarrez.

En Chihuahua hay hombres y mujeres que juraron proteger a la comunidad y hoy cargan bolsas del súper. Hombres y mujeres que estudiaron criminología, derecho o ciencias forenses, que presentaron exámenes de control de confianza, que aprobaron pruebas psicológicas, físicas, toxicológicas, y que hoy riegan los jardines de una residencia en la zona dorada. Que se formaron para investigar delitos y atrapar criminales, y que terminan cuidando niños de empresarios en la mesa de un antro a las tres de la mañana, mientras papá se toma el último trago.

Les llaman "escoltas". La palabra es elegante. La práctica, humillante.

Son agentes de investigación del Estado. Servidores públicos con placa, arma y facultades de investigación que la ley reservó para proteger bienes jurídicos colectivos: la vida, el patrimonio, la seguridad. No para pasear al perro de nadie. No para acompañar al hijo del cliente a un concierto. No para cargar cajas en una mudanza.

El esquema, visto fríamente, es un arrendamiento de dignidad. El semi-empresario —porque rara vez es el gran industrial, casi siempre es el intermediario que aspira— paga al Estado una cuota mensual por el servicio de "protección personal". El Estado asigna al agente. El agente llega. Y descubre que su tarea real no tiene nada que ver con proteger una vida en riesgo, sino con adornar un estatus. El patrón quiere un escolta como quiere un reloj caro: para que lo vean con él. Si además le abre la puerta del coche, le lleva el celular y le compra los cigarros, mejor.

Hay que decirlo con claridad: esto no es protección. Es servidumbre institucional financiada con dinero público disfrazado de privado.

La pregunta incómoda para la ciudadanía es otra. ¿Cuántos de esos agentes harían falta en una colonia donde hoy no alcanza la patrulla? ¿Cuántas investigaciones se están quedando sin seguimiento porque el personal operativo está repartido entre particulares que pagaron por él? El contrato de escolta no solo degrada al agente. Le quita a Chihuahua horas-hombre de investigación que no van a volver.

Y a las autoridades les toca la parte más difícil de reconocer: que el esquema tal como opera hoy es insostenible. Existe una figura legítima —la protección a personas bajo amenaza real, periodistas, testigos protegidos, víctimas de alto riesgo— y esa figura debe robustecerse, no eliminarse. Pero es distinta a la práctica del escolta-mayordomo, que hoy coexiste con ella y la contamina. Hace falta una revisión seria de los convenios de protección patrimonial, con perfiles claros de quién califica, qué tareas son admisibles y cuáles constituyen un desvío del servicio público. Y hace falta una vía administrativa en la que el propio agente pueda denunciar el abuso sin jugarse el puesto.

Pero la parte más importante de este texto va dirigida a los agentes mismos.

Ustedes firmaron un juramento. No a un particular: al Estado. La placa que portan no es propiedad de quien paga por tenerlos cerca. Cargar bolsas, pasear perros, cuidar niños en antros, hacer mandados, no está en el catálogo de funciones de un agente de investigación. Cuando se permite, se normaliza. Cuando se normaliza, se vuelve cultura. Y cuando se vuelve cultura, el que quiere ejercer con dignidad es visto como el raro, el complicado, el que "no entiende cómo son las cosas".

Negarse cuesta. Negarse en solitario cuesta más. Pero la dignidad de un oficio no la reivindica la institución desde arriba: la reivindican los que lo ejercen, cuando colectivamente dejan de aceptar lo inaceptable.

El agente que carga bolsas del mandado no es menos por hacerlo. Es menos de lo que podría ser. Y Chihuahua también.