
Integrantes del Movimiento de Mujeres de Ciudad Juárez hicieron un llamado a las autoridades educativas y de procuración de justicia para fortalecer los protocolos de actuación y protección a víctimas de violencia sexual en las escuelas, luego de la sentencia civil emitida en contra del Instituto Tesla.
Durante un posicionamiento público, representantes de diversas organizaciones señalaron que el caso exhibe vacíos institucionales y normativos que podrían desalentar tanto las denuncias de las víctimas como la aplicación de medidas de protección por parte de los planteles educativos.
Las activistas expresaron su preocupación por el mensaje que deja la resolución judicial, al considerar que podría generar temor entre directivos y docentes para actuar ante denuncias de acoso y hostigamiento sexual, por el riesgo de enfrentar consecuencias legales o económicas.
Asimismo, insistieron en la necesidad de contar con protocolos claros para el nivel medio superior, fortalecer el acompañamiento a las víctimas y garantizar que las instituciones encargadas de la investigación y atención de estos casos cuenten con los recursos necesarios para actuar de manera efectiva.
Entre las demandas planteadas, solicitaron a la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) reforzar y brindar mayor claridad a los protocolos existentes para atender casos de violencia de género en los niveles básico y medio, así como desarrollar un protocolo específico para educación media superior. También pidieron que las escuelas reciban acompañamiento institucional oportuno cuando enfrenten denuncias de este tipo.
De igual forma, exhortaron a la Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de Género a dar seguimiento a las denuncias y vistas presentadas por instituciones educativas, actuar de oficio conforme a la normativa vigente y notificar de manera inmediata a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), a fin de garantizar el acompañamiento y protección de las personas afectadas.
Las organizaciones recalcaron que las medidas de protección implementadas por una escuela no constituyen una sentencia penal, sino acciones preventivas destinadas a salvaguardar la integridad de las y los estudiantes mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes.
Finalmente, reiteraron que la protección de niñas, adolescentes y mujeres debe mantenerse en el centro de cualquier decisión institucional o judicial, al tiempo que enviaron un mensaje a las víctimas para que continúen denunciando hechos de violencia y sepan que no están solas.